Tras el reciente acuerdo retributivo para el personal sanitario, le toca ahora el turno a los docentes. El consejero de Economía, Eduardo Bandrés, se mostró ayer en declaraciones a este diario partidario de impulsar "en las próximas semanas" una reunión de la Mesa Sectorial de Educación con el único objetivo de negociar la equiparación de los sueldos de maestros y profesores de Aragón a los de otras comunidades autónomas.

El Gobierno aragonés, a través de su miembro de mayor peso político, buscó adelantarse así a las más que previsibles exigencias económicas de los sindicatos docentes, que ya han aflorado en las últimas horas nada más conocerse el pacto in extremis que la madrugada del martes alcanzaron los responsables de la Consejería de Salud y los sindicatos médicos y de ATS. Ese acuerdo, que en cualquier caso todavía debe ser ratificado en la Mesa Sectorial de Sanidad, en la que están representados la totalidad de sindicatos y no sólo los corporativos, supondrá para las arcas autonómicas un desembolso aproximado a los 35 millones de euros en tres años, una elevada suma que, sin embargo, se considera "asumible" desde el propio Ejecutivo.

El propio Bandrés se apresuró a recalcar ayer que para hacer frente a la factura de unos doce millones de euros de este año no será necesario acudir a ningún crédito extraordinario, sino que se pagará con recursos propios de la Administración autonómica. La fórmula es la habitual en la Administración a la hora de acometer gastos extraordinarios sin consignación, es decir, se trata de destinar a ese fin todas aquellas partidas del presupuesto de este año que no hayan sido ejecutadas al final del presente ejercicio.

EL ´TORO´ EDUCATIVO Bandrés defendió igualmente la necesidad de abordar pronto otro toro complicado de lidiar: los sueldos de profesores y maestros, el personal más numeroso de la Administración autonómica por detrás de médicos y ATS. Y es que, según estudios sindicales recientes, los profesores aragoneses vienen a cobrar unos 40 o 50 euros mensuales menos que la media de sus colegas de otras comunidades autónomas. Esta diferencia resulta más llamativa, según los sindicatos, si se comparan sus sueldos con los de las autonomías del entorno de Aragón, como La Rioja, Cataluña y la Comunidad Valencia. En este caso, la diferencia mensual es de unos cien euros. Esta homologación de los sueldos es una de las cuestiones pendientes de negociación este año y que el Gobierno quiere desbloquear ahora lo antes posible.

En esta línea, Bandrés reafirmó la voluntad del Ejecutivo de coalición de que "todos los sectores de la Administración reciban un trato adecuado" en materia de retribuciones. No obstante, el titular de Economía abogó igualmente por "poner en la mesa de negociación" el elevado absentismo que se da en la DGA, que "llega al 10% en el caso del personal docente y sanitario".

Mientras tanto, Chunta Aragonesista solicitó ayer la comparecencia en las Cortes del consejero de Economía, Eduardo Bandrés, para que explique qué coste tendrá la ejecución del acuerdo sanitario. CHA quiere conocer cómo va a financiarse y cómo va a afectar a la negociación colectiva de la función pública de Aragón. La comparecencia de Bandrés ha sido solicitada por el portavoz de Economía del grupo parlamentario de CHA, Chesús Yuste, quien considera necesario que el Ejecutivo dé a conocer sus previsiones de gasto, además de las repercusiones que el acuerdo va a tener en la negociación colectiva de la función pública. "Es decir, queremos saber si todos los empleados públicos de la DGA van a recibir los mismos beneficios que han recibido los profesionales sanitarios, tal como reclaman los sindicatos mayoritarios en la función pública aragonesa".