E l Ayuntamiento de Zaragoza pidió ayer a la Delegación del Gobierno en Aragón que tenga efectivos de la Policía Nacional preparados por si la protesta de la Policía Local, que lleva desde el lunes ocupando las instalaciones consistoriales y desarrollando pitadas y caceroladas, deriva en incidentes en el pleno de hoy, tal y como ocurrió en el celebrado el pasado 11 de marzo, que acabó trasladado a otra sala.
La Junta de Gobierno acordó ayer requerir "la presencia" de Fuerzas de Seguridad del Estado, si lo considera "preciso", para "llevar a cabo el desalojo de los manifestantes" con el fin de "garantizar a los ciudadanos la prestación de los servicios públicos en dependencias municipales y el normal desarrollo de sus funciones" a los concejales., y especialmente durante el pleno de hoy. Un portavoz de la Delegación del Gobierno confirmó ayer que los efectivos policiales estarán dispuestos.
Paralelamente, el equipo de gobierno oficializó su postura de "no mantener reunión alguna con los delegados sindicales en tanto no se termine la tramitación parlamentaria de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Aragón", cuya orientación, al recortar los beneficios laborales de los agentes en sus últimos años de servicio, ha provocado la protesta. El acta de la reunión indica que el ayuntamiento "no puede acceder a peticiones carentes de racionalidad" y "lamenta los perjuicios" causados a los ciudadanos como consecuencia de los encierros.
La Junta de Gobierno confirmó la apertura de expedientes a varios agentes municipales sospechosos de haber desatendido el servicio en las últimas semanas, al tiempo que fue informada de la denuncia remitida a la Fiscalía para que investigue la posible existencia de delitos en la difusión de un manual de Instrucciones para defender la segunda actividad que incitaba a los policías a no denunciar más que en casos extremos a los ciudadanos a los que sorprendieran cometiendo infracciones, recomendaba llevar los vehículos policiales al extrarradio para no patrullar e, incluso, aconsejaba destruir o hacer desaparecer los boletines de denuncia rellenados, entre otras consignas.
Fuentes sindicales reconocieron la existencia del libelo, aunque explicaron que no fue elaborado por los sindicatos ni distribuido en las asambleas.
DENUNCIA A FISCALIA El ayuntamiento también pondrá en conocimiento del Ministerio Público la interrupción del último pleno municipal, el pasado 11 de marzo, por la protesta de la Policía Local.
El equipo de Gobierno considera la protesta de la Policía Local como "una huelga encubierta o acciones sustitutivas de la misma", ya que dos tercios de la plantilla se manifiestan todo el día en el ayuntamiento bajo la cobertura legal de una asamblea y varios permanecen encerrados en el edificio consistorial durante la noche. Así, la coalición PSOE-CHA decidió solicitar a los dirigentes sindicales y los agentes "el acatamiento de la normativa vigente", que niega el derecho a la huelga a los miembros de las fuerzas de seguridad. También acordaron "exigir cuantas responsabilidades se deriven de conductas ilícitas" por parte de los agentes y "garantizar a los ciudadanos los servicios básicos prestados hasta ahora por la Policía Local".
El primer teniente de alcalde y concejal de Policía Local, Carlos Pérez Anadón, señaló que la protesta supone "perturbar el funcionamiento del Parlamento", aunque mostró su disposición a mantener contactos con los responsables sindicales una vez esté aprobada la ley, "el texto sobre el que hay que negociar", dijo.
Pérez Anadón añadió que "no me parece legal ni justa la forma de la protesta".
