El consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, explicó ayer en el pleno de las Cortes que desde el departamento se van manteniendo reuniones con el sector de la discapacidad para analizar "el impacto del copago" en este colectivo, especialmente en el de los discapacitados psíquicos, y proponer "cuestiones compensatorias", siempre "aplicando la normativa" para que "el efecto no sea excesivo".
Así lo manifestó en respuesta a una interpelación formulada por la diputada de IU, Patricia Luquin, sobre las políticas del Gobierno en discapacidad intelectual y parálisis cerebral.
El consejero señaló que mantienen "un diálogo permanente abierto con estos colectivos", tanto a "nivel técnico, como institucional", con el objetivo de solucionar "el problema del copago en servicios sociales", así como para lograr unos adecuados servicios de atención a la dependencia y el funcionamiento de los centros especiales de empleo.
Oliván reconoció que las "limitaciones económicas hacen que tengamos un presupuesto que no es suficiente" porque "para esto nunca hay suficiente presupuesto", si bien aseguró que se mantendrán las prestaciones, subvenciones, ayudas y concertaciones, así como los centros propios, "dentro del límite presupuestario".
DEDICACIÓN En este sentido, remarcó la importancia de este asunto para el Gobierno porque esta es una de las materias a las que "más horas" ha dedicado y en la que han intervenido "mayor número de consejeros", los de Economía, Hacienda, Presidencia y él mismo, y "pueden dar cuenta de ello" los colectivos de la discapacidad.
En relación con estos últimos, subrayó que su objetivo es "unir" de forma "definitiva" al sector de la discapacidad en la comunidad autónoma, a lo que "estoy dedicando mucho tiempo" ya que "habiendo pocos recursos, si hay desunión, estos recursos no se utilizan de forma eficiente". Agregó que hay "un esfuerzo por parte de todos para alcanzar esta unión" y "no reblaré hasta conseguirlo".
Oliván también subrayó, respecto a los centros especiales de empleo, que fruto de las decisiones tomadas por el Gobierno anterior, la aportación de la Administración ha pasado del 75 al 50%, y "soy consciente de que esto supone un importante impacto en estas entidades".
Al respecto, reflexionó que los centros especiales de empleo "no dejan de ser empresas", apoyadas por la Administración porque "trabajan personas especiales", pero que "tienen que buscar su lugar en el mercado" y añadió que "ahí va a estar la Administración, para reorientar estos centros hacia actividades con sentido de mercado y garantizar su pervivencia".
