Dos vecinas de Zaragoza han presentado sendas instancias al Ayuntamiento de Zaragoza en las que solicitan la devolución del exceso abonado en concepto de Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido popularmente como el impuesto de plusvalías.

Este se abona cuando se produce una transmisión patrimonial --bien sea por la compraventa de una vivienda o por la adquisición mediante una herencia-- y pretende gravar la supuesta revalorización de un inmueble durante el tiempo que ha estado en propiedad de una persona antes de pasar a otra. Este impuesto está en el punto de mira desde que se produjo una revisión catastral al alza que ha provocado que muchas familias tengan que pagar cantidades excesivas en un momento que además el mercado inmobiliario está sumido en una profunda crisis. La plusvalía se ha convertido en una buena herramienta recaudatoria de los municipios en un momento en el que también ingresan menos, aunque en ocasiones suponga un grave perjuicio en los bolsillos de los ciudadanos, especialmente en el caso de que el motivo del pago sea una herencia. Precisamente, este año ya se han recaudado casi nueve millones de euros más de lo que se había previsto inicialmente en Zaragoza, lo que ha propiciado que el PP haya solicitado al que revise las características de este impuesto.

Además de las peticiones políticas, el abogado Santiago Palazón --que es quien representa a los dos propietarios que han presentado la instancia al consistorio-- considera que se está aplicando mal la fórmula matemática que se emplea para tasar el precio del impuesto. A su juicio, y así lo argumenta en el escrito presentado en el ayuntamiento, se está calculando "el incremento que experimentará el inmueble en los años venideros y no en los años transcurridos desde que se adquirió". Y todo porque el coeficiente que se aplica se multiplica por el número de años transcurridos desde la anterior transmisión partiendo del valor final del inmueble en el momento de devengo del impuesto. Con la fórmula que emplea Palazón, estima que sí se calcula el incremento del valor en los años transcurridos desde que se adquirió. Con esta fórmula más ajustada, la diferencia en el bolsillo de los afectados puede ser hasta un 20% a su favor.

El abogado ha hallado un precedente que confirma su teoría. Es una sentencia dictada por el juzgado de los Contencioso-Administrativo número 1 de Cuenca que, con fecha del 21 de septiembre del 2010, daba la razón a un particular con los mismos argumentos que ahora esgrimen estos dos propietarios zaragozanos.