Las comarcas aragonesas destinan una media del 30% de sus presupuestos, que sumaron 110 millones en el 2015, a la acción social con distintos colectivos, desde personas mayores a menores de edad, pasando por familias sin hogar, inmigrantes y grupos étnicos. Escuelas infantiles, residencias y centros de acogida e información absorben una gran parte de los recursos de los nuevos entes territoriales, donde el 45% del personal se destina a este tipo de servicios.
Buen ejemplo de ello es la comarca del Aranda, donde 31 de sus 48 trabajadores se dedican directamente a los servicios sociales o de promoción social. Este capítulo abarca funciones como el servicio de asistencia social primaria, el de ayuda a domicilio, el centro de día y la promoción de colectivos como el de los jóvenes, las mujeres y los ancianos.
Con todo, cada comarca aragonesa es un mundo y el presupuesto en acción social puede variar entre el 20% y el 50% de sus presupuestos. La variación es muy acusada a que existen distintas formas de gestión de los servicios, que en algunos casos son asumidos por los ayuntamientos y que conviven con otros proporcionados por empresas privadas.
La comarca de Monegros destina a servicios sociales 570.000 euros, «el equivalente a un 35% de sus recursos totales», explica Alfonso Salillas, vicepresidente del organismo comarcal, que subraya que el reto de su territorio, uno de los más extensos de Aragón, es garantizar las prestaciones en sus 50 núcleos habitados.
El último balance de las comarcas revela que los servicios sociales de base atendieron en el 2015, último año del que hay datos disponibles, a un total de 132.961 usuarios, frente a los 110.658 del 2009.
INSERCIÓN SOCIAL
Dentro de este campo, el número de personas mayores de 65 años que recibe ayuda a domicilio se mantiene bastante estable, dado que hace nueve años fueron 6.023 y en el 2015 ascendieron a 6.059. Sin embargo las que se benefician de la teleasistencia han disminuido de forma notable en el mismo periodo, pasando de 7.131 a 5.894.
Monegros, por ejemplo, atiende a más de 200 domicilios en los que residen unas 300 personas. «Es el capítulo en el que más se gasta», explica Salillas, que incide en que su comarca también ha asumido competencias en materia de violencia y sexista y formación en drogodependencia.
BENEFICIARIOS
Un capítulo de gran importancia es el servicio de prevención e inserción social, con un total de 27.820 personas atendidas el año pasado, de las que más de 10.000 fueron inmigrantes, que se han visto especialmente afectados por la crisis económica.
El número de ayudas de urgencia concedidas a personas necesitadas resulta, en este sentido, muy ilustrador de la situación económica real, ya que se han incrementado tanto el número de las mismas como su cuantía.
Si en el 2009 los beneficiarios fueron 1.689, por un monto de 560.447 euros, el pasado ejercicio los primeros habían ascendido a 2.990 y la cuantía se había disparado a 678.334 euros.
Paralelamente, el número de solicitudes de ayudas de urgencia también se ha disparado, dado que en el 2009 fueron 2.447 y el 2015 ya se situaban en 3.369.
EQUIPAMIENTOS
Mención aparte merecen los equipamientos que requiere la prestación de determinados servicios de acción social. Así, los recintos para atender a los niños, desde guarderías a escuelas infantiles, ascienden a 156, 38 más de los que había en el 2009.
Menos han crecido las ludotecas y otros centros públicos de ocio, al tiempo que han desaparecido la única residencia de menores que llegó a haber en una comarca.
Las residencias públicas se han reducido al pasar de 55 a 49, pero los centros de día, que registran una gran demanda, son ahora 40, frente a los 35 de hace nueve años.
