Las Cortes de Aragón comenzarán el trámite parlamentario para la aprobación de su futura ley de vivienda. Una norma que, quedando menos de tres meses hábiles para el fin de la legislatura, difícilmente saldrá adelante. Siendo además uno de los «proyectos estrella» del Gobierno PSOE-PAR para la legislatura junto a la de renta básica, como afeó el popular Javier Campoy al consejero de Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, cuando presentó el proyecto de ley en el pleno del parlamento autonómico.

El reproche de la tardanza en llevar la ley a las Cortes fue compartido ayer por todos los partidos de la oposición, independientemente de su apoyo o no a la futura norma. De hecho, ninguno se opuso, y solo PP y PAR se abstuvieron, el primero por no compartir muchos puntos y el segundo en ademán de protesta por los plazos con los que pretende que trabajen el Ejecutivo autonómico.

Soro recordó, en la presentación del proyecto de ley (que comenzó los trámites como anteproyecto en el 2016, pero no fue activado en cuanto a la participación ciudadana hasta este año), la norma pretende poner de relevancia la «función social» de la vivienda, como desarrollo del derecho subjetivo a una vivienda digna, que consagra la Constitución.

En este marco se inscriben propuestas como la expropiación forzosa de viviendas a los grandes propietarios que las consigan fruto de un desahucio o ejecución hipotecaria y las tengan vacías. Una posibilidad que, recordó, es «plenamente constitucional», y así lo avaló el TC ya hace tiempo respecto a la ley navarra, que ya lo proponía.

El compañero de grupo político del consejero, Gregorio Briz, se congratuló de la aprobación del proyecto como forma de revertir «la política conservadora que ha provocado desigualdades» como la proliferación de los desahucios.

Un problema que, como recordó el diputado de Ciudadanos Jesús Sansó, no ha cesado. Aunque haya venido remitiendo en cuanto a las ejecuciones hipotecarias -entre otros factores porque había menos propietarios a los que dejar sin vivienda-, el año pasado aún fueron 500 en Aragón. «Me llama poderosamente la atención que siempre se califiquen las leyes de vivienda de urgentes, y que Lambán dijera en el 2015 que no habría un solo kilómetro de carreteras mientras se echara a la gente de sus casas. Tres años después, ni una cosa, ni otra», apuntó.

Berta Zapater, del PAR, también opinó que lo único que pretende Soro es «el titular» de la expropiacíon, con una ley que, además de imposible de tramitar en plazo, tendría que ser modificada por el decreto del Gobierno central de anteayer en lo tocante al alquiler.

Raúl Gay, de Podemos, también opinó que el retraso en la presentación es «excesivo, innecesario y quizá no del todo inocente», y el popular Javier Campoy no solo incidió en los mismos inconvenientes sino que criticó el carácter «oportunista» del Gobierno por presentar el proyecto y su «manía bolivariana de intervenir y castigar», en referencia a la expropiación de viviendas y al amplio régimen sancionador del proyecto de ley.

Pese a la premura, el socialista Fernando Sabés pidió a los grupos un esfuerzo para abandonar el inmovilismo y sacar adelante la norma esta legislatura.