Los cinco acusados de propinar una brutal paliza al dueño del bar de marcha La Luna de Huesca, inválido y con graves secuelas desde entonces, rechazaron ayer ser los autores de unos hechos por los que se enfrentan cada uno a once años de prisión y al pago de una indemnización de 662.000 euros, informó Efe.
En el juicio iniciado ayer en la Audiencia de Huesca por esta agresión, ocurrida la madrugada del 21 de julio del 2013, los procesados coincidieron en afirmar que no solo no participaron en la paliza, sino que en ese momento se encontraban en el exterior del establecimiento.
En sus respectivas declaraciones, destacaron que salieron a la calle ya que en esos momentos tenía lugar un estriptís masculino que había congregado a una gran cantidad de mujeres y que no les interesaba ver, y que se enteraron de la pelea por el ruido que salía en esos momentos del interior del bar.
Según las acusaciones, los cinco imputados formaban parte de un amplio grupo de once personas de raza gitana que eran clientes habituales del establecimiento cuando era regentado por otra persona conocida de ellos.
La Fiscalía destaca que los miembros de esta pandilla «solían ir en grupo, nunca solos, montando altercados en el bar y molestando a los clientes, toda vez que en esa época no era su conocido el que estaba al frente».
Los propios investigadores policiales llegaron a valorar que el gerente del establecimiento era víctima de una extorsión para que dejara el establecimiento.
La víctima fue objeto de una agresión «desmesuradamente salvaje» que se produjo en un breve espacio de tiempo y mientras el resto de la clientela veía el espectáculo.
Los acusados, entre ellos un menor de edad que ya fue condenado a dos años de internamiento, fueron captados en el exterior del establecimiento por una cámara de la calle.
Las tres letradas encargadas de la defensa coincidieron en alegar que no existen testimonios de testigos que relacionen a sus clientes con la paliza, solo la identificación que se hizo en el exterior con las imágenes obtenidas.
Una de las letradas, Cristina Dolcet, aseguró a los medios de comunicación antes de iniciarse el juicio que ningún testigo incrimina a sus tres clientes con la agresión, ni siquiera el atestado policial elaborado tras los hechos.
Otra de las representantes de la defensa, la abogada Carmen Sánchez, alegó que la Policía no identificó a las más de 200 personas que se encontraban en el local ni tomó declaración a todos los testigos.
El letrado de la acusación particular, Ricardo Orús, aseguró a su vez que la negación de los hechos forma parte de la estrategia de la defensa, pero advirtió que en la sesión de hoy miércoles comparecerán testigos que sí que reconocieron a los acusados al declarar ante la Policía.
El agredido, tras permanecer 97 días hospitalizado, 30 de ellos en coma inducido y con dudas de los profesionales médicos sobre su supervivencia, fue objeto de una declaración de incapacitación total por parte de la Seguridad Social para desempeñar cualquier tipo de trabajo.
Las secuelas más graves reflejadas en los informes médicos son dificultad para interpretar estímulos externos y responder a ellos debido a un deterioro de las funciones cerebrales, así como parálisis leve de un brazo, síndrome posconmocional, pérdida del olfato y trastorno depresivo reactivo.
Los golpes se habrían producido con los puños y las piernas en todo el cuerpo y cuando la víctima yacía ya tirado en el suelo, inconsciente e indefenso, le apalearon dándole fuertes patadas en el tronco y la cabeza.
