La tutela de adultos en Aragón se ha duplicado en los últimos siete años. De los 582 expedientes registrados en el 2006 se pasó a los 965 a finales del 2013, según los datos registrados en la Sección de Tutelas del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), que realiza un estudio comparado al término de cada año y confirma un incremento "constante". De hecho, la cifra actual, con fecha a 31 de julio del 2014, ha vuelto a ascender y es de 1033 adultos.
La incapacitación puede definirse como aquella situación que se origina por causa de una enfermedad o una deficiencia persistente de carácter físico o psíquico que impide a la persona gobernarse por sí misma. Cuando esta no dispone de los apoyos familiares suficientes que se hagan cargo de ella, son los juzgados quien toman las decisiones. La solicitud de incapacitación se puede iniciar por dos vías. Bien ante el juzgado, con un abogado y un procurador, bien ante Fiscalía, presentando la documentación pertinente. Será el juez de Primera Instancia del lugar en el que resida la persona afectada quien declare la incapacidad.
LAS CIFRAS Actualmente, en la provincia de Zaragoza hay 712 adultos tutelados, en la de Huesca 192 y en Teruel un total de 130. En los últimos años, la tendencia de esta protección ha sido ascendente.
Salvo en el 2007, cuando hubo un descenso de 13 personas con respecto a los datos del 2006 y se registraron 569 tutelados, en el resto de los años el número ha crecido. Así, en el 2008 se contabilizaron 642; en el 2009 un total de 709; en el 2010 hubo 755; en el 2011 se alcanzaron las 842 tutelaciones; en el 2012 se llegó a la cifra de 890; en el 2013 se superaron los 960 y, por último, en julio del 2014 Aragón contaba con 1033 personas adultas tuteladas. Según establece la ley 13/2006, de Derecho de la Persona, la guarda y protección de la persona y bienes del incapacitado se realizará mediante tres figuras de protección: la tutela, la curatela o el defensor judicial.
La tutela se desarrolla cuando se declara la incapacidad total de una persona. En este caso, el tutor es su representante legal y sus funciones se extienden tanto a la protección personal como a la administración de su patrimonio. En esta situación se encuentran actualmente 684 adultos en Aragón (491 en Zaragoza, 108 en Huesca y 85 en Teruel).
Por otro lado, la curatela se establece cuando se declara la incapacidad parcial. Ello supone que la persona conserva cierto grado de autogobierno que le permite adoptar las decisiones más sencillas sobre tu persona o sus bienes. A diferencia del tutor, el curador no es el representante legal del incapacitado, sino que su misión es asistir y completar su capacidad. Aragón tiene a 172 personas bajo esta protección (85 en la provincia de Zaragoza, 62 en la de Huesca y 25 en la de Teruel).
La figura del defensor judicial se caracteriza por su actuación provisional y transitoria. Su cometido es representar o en su caso asistir al incapaz en situaciones en las que no pueden actuar ni los progenitores, ni tutor o curador. Este cargo pueden ejercerlo tanto personas como instituciones locales. En Aragón, la tutela institucional la ejercen fundaciones o asociaciones como Atades, Fundación Rey Ardid o Hermanas de los Desamparados, que tienen adultos protegidos bajo tutela o curatela a su cargo. En la comunidad, es la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos --adscrita al Departamento de Sanidad y al IASS-- quien ejerce este derecho sobre las personas mayores incapacitadas legalmente cuando dichas funciones sean encomendadas a la Administración por la correspondiente resolución judicial.
Dicha comisión, que fue aprobada por el Consejo de Gobierno en octubre del 1998, está compuesta por un presidente (el consejero de Sanidad), un secretario y varios vocales. Otras comunidades autónomas como Madrid, Cataluña, Valencia, Extremadura y Castilla-La Mancha también cuentan con una comisión de estas características.
Respecto al lugar de residencia de los adultos tutelados en Aragón, gran parte de ellos viven en residencias o centros especializados, aunque también los hay que habitan en su domicilio o en pisos tutelados por la Administración local.
Entre los más de 1.000 aragoneses tutelados, se encuentra el boxeador y excampeón del mundo Perico Fernández, cuya protección asumió la Comisión de Tutelas y Defensa Judicial de Adultos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) de la DGA una vez que el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Zaragoza, tras el proceso de incapacitación instado por el ministerio público, concediera la solicitud de tutela el año pasado.
