Aragón y Madrid podrían cerrar este mismo año nuevos acuerdos hidráulicos sobre obras del Pacto del Agua de 1992 revisadas. Los embalses de Yesa y Santaliestra centrarían estos primeros consensos bilaterales, tras un proceso de debate interno en la comunidad para salvar los escollos de las actuaciones más polémicas.

El Pacto del 92 fue aceptado en su momento por el Gobierno central, parte activa en este acuerdo porque debe ejecutar las obras en él previstas. Hoy por hoy, el acuerdo tiene rango de ley, pues se incluyó en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) y pertenece a la parte del documento que no ha sido derogada. Así, cualquier decisión hidráulica que plantee Aragón debe contar con el visto bueno de Madrid. Las diferencias se resuelven en la Comisión Mixta de Seguimiento del Pacto del Agua.

Hace tantos años que no se reúne ese órgano --desde abril del 2001-- debido a la polémica del hoy eliminado trasvase, que poco ha faltado para que se olvide su existencia. Pero esa comisión mixta debe refrendar cualquier acuerdo que adopte la comunidad en el proceso interno de debate que lleva a cabo desde la pasada primavera.

El Gobierno aragonés confía en que se pueda celebrar una reunión del órgano mixto antes de fin de año (tal vez, en noviembre). A la misma se llevaría el primer acuerdo mayoritario alcanzado en la comunidad sobre la revisión de las obras polémicas: el del recrecimiento de Yesa.

Hace escasas fechas, la Comisión del Agua de Aragón (el ente para el debate interno) aprobó por un 80% una ampliación de Yesa más pequeña de lo previsto. Madrid parece dispuesto a aceptarla, pero debe plasmarlo en la comisión mixta.

A esa reunión podría llevarse otro acuerdo: sobre el embalse de Santaliestra, pero en este caso las posibilidades de consenso aún son frágiles. La Iniciativa Social de Mediación (ISM) de la Fundación Ecología y Desarrollo trabaja hace meses con las partes en conflicto. La ponencia de obras polémicas de la Comisión del Agua hace otro tanto, pero empezó hace unos días, cuando cerró Yesa.

El Ministerio de Medio Ambiente, por boca del secretario general de Territorio y Biodiversidad, Antonio Serrano, ha provocado esta semana una convulsión, sobre todo entre las partes que intentan ponerse de acuerdo. Dijo Serrano que al ministerio no le gusta Santaliestra y que no invertirá en la obra (por otra parte, paralizada). Luego matizó que, pese a ello, escuchará a Aragón.

El caso es que la solución pactada podría llegar, pero antes los regantes del Canal de Aragón y Cataluña deberían aceptar que Santaliestra se olvidara (ya renunciaron a Campo y a Comunet) y cubrir sus necesidades con un embalse de San Salvador notablemente mayor que el previsto (una posibilidad apuntada en el borrador de Bases para la Política del Agua de Aragón). Y los detractores de la obra (Ayuntamiento de Santaliestra) tendrían que replantearse los muchos recursos y querellas judiciales que han abierto.

Todo está abierto. Pero si hay un acuerdo final podría convocarse una reunión extraordinaria del pleno de la Comisión del Agua el mes próximo para darle el sí de la comunidad. Y poco después, un encuentro de la comisión mixta --inactiva desde hace más de tres años-- para que el Gobierno central asuma la solución. Y la ejecute.