El Ingreso Mínimo Vital (IMV) estatal se aprobó con la intención de garantizar las rentas a las personas más vulnerables. Sin embargo, la burocracia y la crisis del covid han lastrado su puesta en marcha efectiva, según ha reconocido este miércoles la consejera de Ciudadanía, María Victoria Broto. "Cuando se presentó la ley ya se asumió que es un decreto vivo", ha dicho Broto al reconocer la dificultad de poner en marcha esta medida. "Me gustaría que se hubiera avanzado más", ha destacado la responsable de la DGA, al indicar que su desarrollo va paralelo con la reordenación de los fondos autonómicos, para evitar duplicidades.
Por eso ha manifestado que en junio se planteó un decreto ley que diera seguridad a las personas que están recibiendo el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI). De esta forma la prestación autonómica queda ha quedado derogada pero garantiza que no se producen situaciones de desprotección. Además se busca que el Ministerio de Derechos Sociales reconozca en bloque a las personas que reciben el IAI mediante un traspaso de ficheros y se evite la burocracia. Por el momento, a pesar del gran esfuerzo realizado, tras haber sido la comunidad más implicada, se mantiene la prestación autonómica (también la de integración familiar) y se mantiene la cuantía.
En la comunidad este mes han recibido esta prestación del IMV 5.128 personas, de esas 1.502 no tenían otra ayudas previas. Sigue habiendo 3.152 ayudas de integración familiar. Y en enero la nómina del IAI fue de 6.261 personas.
La consejera ha intervenido en el pleno de las Cortes de Aragón a petición de la diputada de Ciudadanos, Loreto Camañes. "No está respondiendo ni en tiempo ni en forma", ha lamentado al señalar que el IMV en estos momentos "no ayuda a salir adelanta a los más vulnerables". La diputada se ha mostrado comprensiva, pero reclamando más proactividad. "Sabemos que es una competencia estatal, pero estamos hablando de familias que apenas tienen recursos para poder comer", ha alertado.
Una de las razones por las que se está produciendo este freno en las entregas en el IMV está, en su opinión, en la falta de voluntad política. "Su aprobación fue precipitada y se puso en marcha con discrepancias incluso en el seno del Gobierno de España", ha dicho.
Desde IU, el diputado Álvaro Sanz ha lamentado que las dos prestaciones, la estatal y la autonómica, se hayan considerado incompatibles, algo que en su opinión ha sido innecesario. Además ha exigido que se tramite lo antes posible la ley que aclare el panorama de ayudas.
