Siete días. Ese es el plazo que el Gobierno de Aragón da a la Generalitat de Cataluña para cumplir el mandato judicial y devolver el lienzo de la Inmaculada del Monasterio de Sijena, datada en el siglo XVIII. De no hacerlo, la consejera de Cultura, Mayte Pérez, pondrá en marcha la maquinaria para que la Guardia Civil vuelva al museo de Lérida a por dicha tabla.

«Vamos a dejar un plazo de tiempo de una semana y, desde luego, volveremos a insistir para que la devolución efectiva de esta pieza sea lo antes posible» señaló Pérez, quien consideró que el último requerimiento de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huesca, María Teresa Puchol, que insta a la entrega de la obra sin dilación, «debería de haber sobrado». Y es que esta obra estaba en la lista de los 44 bienes que la Guardia Civil intervino a las autoridades catalanas, si bien en aquel momento se comunicó que se había extraviado. No fue hasta mitad de mes cuando el museo de Lérida anunció que la había localizado en la sede episcopal ilerdense. La consejera aragonesa reconoció no ser optimista en lo relacionado con una entrega voluntaria, atendiendo «al devenir de los hechos». «Una vez hallada esta obra entiendo que el museo debería haberla enviado, ya que todo el proceso fue muy traumático. Yo creo que ahí siguen patentes una manifestación y una posición absolutamente claras en contra de la medida y en contra, evidentemente, de respetar los requerimientos judiciales», resaltó.

La posición del Ejecutivo autonómico se une a la expresada por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena que presentó un escrito en el Juzgado de Primera Instancia de Huesca solicitando que se autorice la entrada de la Benemérita al museo de Lleida, con el uso de la fuerza si fuese necesario. El abogado del ayuntamiento, Jorge Español, solicitó que el traslado se realice en compañía del perito judicial y de los demás peritos que las otras partes quieran mandar, y con presencia de los abogados y procuradores de las partes, pero sin cargo político alguno. Así, el letrado del municipio reclama que ni en el momento de la incautación ni en el de la entrada de la pieza en el monasterio haya políticos y que, si los hubiera, se les aperciba de poder cometer delito de desobediencia a la autoridad judicial.

La obra es un óleo que representa a la Inmaculada y que mide 106 centímetros de alto y 80 de ancho.