Pocas veces los responsables de una empresa privada se personan en la sala de prensa del Ayuntamiento de Zaragoza para intervenir en el asunto del que allí se está hablando y replicar a las afirmaciones del político de turno. Pero menos aún son las veces en las que esa empresa es adjudicataria de una concesión administrativa del consistorio para gestionar un equipamiento público. Eso fue exactamente lo que sucedió ayer, cuando el concejal conservador Julio Calvo anunciaba su intención de pedirle explicaciones al Gobierno municipal por el acuerdo privado firmado en el 2011 por el que, tal y como adelantó este diario, Pam Hosteleros, uno de los tres socios que componen la unión temporal de empresas que gestiona el Teatro de las Esquinas del Psiquiátrico, suscribía su voluntad de abandonar el proyecto y esperar al 2015 para vender sus acciones y formalizarlo.
Los protagonistas, ayer, fueron los otros dos socios de Pam en la UTE, Teatro del Temple y Teatro Che y Moche, y sus representantes, Carlos Martín y Joaquín Murillo, respectivamente. Aparecieron en la sala de prensa, escucharon al edil del PP y luego se dirigieron a los medios para expresar que se sienten "abrumados, tristes y descolocados" por la situación que se ha creado en torno a la UTE de las Esquinas. Insistieron en que el escrito firmado en el 2011 es "un acuerdo interno legítimo". "Nos asesoramos al 100% de la forma de seguir adelante, pero en absoluto significaba la disolución de la UTE. Hasta el 2015 no podíamos hacer nada, ni queremos, con todos los problemas que eso conlleva, para poder seguir adelante con el proyecto de una manera organizada, armoniosa entre las tres partes sabiendo que hay diferencias", explicó Murillo.
PIDEN INVESTIGAR
Instantes antes, en esa rueda de prensa, el edil del PP arremetió contra el responsable municipal de Cultura y del Patronato de las Artes Escénicas, Jerónimo Blasco, porque consideran que este acuerdo se ha llevado "en secreto", que se le ha ocultado al consejo de administración, y que este hecho "de extrema gravedad" sucede en una concesión "salpicada de irregularidades" y en la que "se ha dado un sorprendente trato de favor". Por eso anunció que le pedirán explicaciones a Blasco por una decisión que, siendo privada, "debería haber dado lugar a una rescisión del contrato" y exigió que hagan informes los servicios jurídicos e Intervención para que avalen la legalidad que la propia UTE defiende.
Pero el problema es que este intercambio de impresiones --en ningún momento fue violento ni agresivo--, derivó en una petición por parte del portavoz del PP, Eloy Suárez, exigiéndole al alcalde, Juan Alberto Belloch, que abra una investigación tras la "insólita irrupción" en la rueda de prensa, una actitud que tildó de "grave e inadmisible" y para la que reclama "llegar hasta el fondo y saber cómo estas personas pudieron burlar todas las medidas de seguridad, acceder sin problemas a la sala de prensa y organizar de manera improvisada una rueda de prensa en los pasillos". Incluso, que se aclare si los "intrusos" recibieron alguna ayuda desde el interior.
Al final, lo que ambas empresas mostraron es el agotamiento ante tantas críticas. " Solo queremos que termine todo esto de una vez, que nos dejen trabajar y que respalden este proyecto como ya lo están haciendo los ciudadanos. Hay que estar constantemente demostrando que somos inocentes", expresaron.
