Las comarcas aragonesas, con independencia de su signo político, coincidieron ayer en rechazar unánimemente la propuesta socialista de que sean eliminadas y vaciadas de contenido, junto con las diputaciones, para convertirlas en meras prestadoras de servicios a los ayuntamientos. En su opinión, este cambio del mapa administrativo perjudicaría en primer lugar, de llevarse a cabo, a los pueblos con menos habitantes y a aquellos que no poseen ingresos por la explotación de recursos propios.
"Lo que está claro es que, si desaparecieran las mancomunidades y diputaciones, habría muchos servicios que no se podrían prestar", señaló José Franch (PSOE), presidente de la Ribagorza, que asistió ayer a la sede del Gobierno de Aragón, en Zaragoza, a una reunión del Consejo de Cooperación Comarcal.
Lucio Cucalón, presidente del Campo de Cariñena y socialista igualmente, subrayó que "los servicios que prestan las comarcas a los ciudadanos son impecables" y criticó a quienes, "sin saber qué son ni qué hacen" estas administraciones territoriales, "se dedican a difamarlas".
Por el Partido Aragonés, Alfonso Salillas, presidente de Monegros, calificó de "escándalo" la propuesta socialista, que fue dada a conocer por su secretario general y candidato a presidente de la DGA, Javier Lambán. Y puso dos ejemplos concretos: la atención domiciliaria a los mayores y la recogida de basura doméstica, "dos servicios que no se podrían prestar en muchos municipios si dependieran solo de ellos".
Manuel Alquézar, presidente de Andorra-Sierra de Arcos por el PP, mostró su "total desacuerdo" con la propuesta. "No tiene sentido que se crearan las comarcas para acercar la Administración al ciudadano y que ahora se quieran vaciar de contenido, es una sinrazón", subrayó.
TRANSFERENCIAS
Asimismo, los presidentes comarcales aprovecharon la reunión para criticar la "excesiva tardanza" con que reciben las transferencias de la DGA. "Estamos preocupados porque no hemos podido pagar la extra", señaló Salillas, mientras que Franch hizo hincapié en que el cumplimiento tardío de los convenios lleva a las comarcas a solicitar préstamos cuyos intereses agravan todavía más la situación financiera.
Por su parte, Manuel Alquézar, del PP, atribuyó el problema a "un problema técnico de toda la vida y ajeno a la Consejería de Administración Territorial", si bien confió en que "se irá solucionando".
Y Lucio Cucalón incidió en que estos retrasos en el cobro han hecho que se multipliquen por dos los intereses bancarios a los que deben hacer frente las comarcas.
Sin embargo, el propio consejero de Administración Territorial, Antonio Suárez, reconoció que había "algún retraso", pero aseguró que existe un compromiso de la DGA de ir pagando los convenios "de aquí a final de año".
