Ninguno de los exmiembros del consejo de administración de Plaza que mantenían esa puesto en abril del 2006 y que el lunes declararon como testigos en el caso pagarés recuerda haber visto el documento cero, el texto con las modificaciones del proyecto de las naves de Autocity que, según las declaraciones de Agapito Iglesias, dueño de Codesport, redactaron un técnico de su sociedad, otro del comprador y un tercero de la empresa pública con las nuevas condiciones de la contrata que a mediados del 2005 le adjudicó el complejo logístico.
"Creo que no se presentó", declaró Javier Velasco, expresidente de Plaza. "No recuerdo su existencia", dijo Alfredo Boné. "No me acuerdo de que llegara al consejo", anotó el exconcejal de Urbanismo Antonio Gaspar. Tampoco lo vió el exedil Ricardo Cavero.
Todos ellos y el exconsejero Eduardo Bandrés coincidieron también en anotar que el contrato inicial con Codesport era para construir 79 naves era del tipo llave en mano, que no permite cambios.
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, tiene imputados en esta causa --en la que investiga el presunto sobrecoste millonario de la obra-- al exgerente y al exconsejero delegado de Plaza, Ricardo García Becerril y Carlos Esco, como presuntos autores de un delito societario y otro de malversación, así como a Iglesias, en este caso como cooperador necesario y como supuesto autor de una estafa, y al exdirector técnico de la compañía pública, Miguel Ángel Pérez.
Boné, por otro lado, anotó que "por el consejo no pasaron" los pagarés de 8,7 millones que Esco y García Becerril emitieron a favor de Codesport para pagar la obra.
El consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, aseguró ayer que la DGA quiere que el caso Plaza se resuelva lo antes posible y que "resplandezca la verdad".
