El Tribunal Constitucional dictó ayer una resolución que supone un avance para los derechos de las personas trans, en particular para los menores, aunque está lejos de ser una victoria para la plena igualdad y la autodeterminación sexual que demanda el colectivo. La resolución autoriza a los menores a cambiar la inscripción oficial de su sexo, cosa que hasta ahora tenían prohibida, pero siempre que demuestren un suficiente grado de «madurez» y «se encuentren en una situación estable de transexualidad».

La resolución del tribunal llega a raíz del caso de un menor residente en Benasque, Patrick, cuya madre, Natalia Aventín, es además presidenta de la asociación Chrysallis de familias de menores transexuales. Ella explicaba por qué esta aparente conquista social del colectivo, aunque «satisfactoria» para la asociación, no es ni de lejos una victoria completa.

«Cuando se analizan las leyes para los trans hay que pensar si a todo el mundo se le exige lo mismo», razonaba, respecto a esta modificación del artículo 1.1. de la Ley Reguladora de la Rectificación de la Mención Relativa al Sexo de las Personas. Es decir, si a un menor cis (que se siente de su sexo biológico de nacimiento) se le exige algún tipo de examen para demostrar que es de su sexo.

Esto es lo que se sigue demandando a los menores que quieran que su documentación oficial refleje su sexo. «¿Quién va valorar si un menor es maduro o no? ¿Cuánto tiempo dura una situación estable de transexualidad?», se preguntaba Aventín, analizando los cabos sueltos de la resolución.

A su juicio, la concepción de los tribunales sigue siendo «tránsfoba», al considerar la transexualidad como algo malo que hay que analizar y probar. De hecho, incidía en que no se ha modificado el artículo 4 de la misma norma, que exige un diagnóstico de disforia de género, análisis psicológicos y un tratamiento hormonal durante dos años para poder proceder a este cambio de inscripción del sexo.

CINCO AÑOS

Además, la madre de Patrick remarcaba los tiempos judiciales excesivamente dilatados. En este caso, la resolución llega casi cuando a Patrick no le hace falta, ya que tiene 17 años. Cinco años después de que iniciaran la batalla judicial para cambiar su sexo en los registros y tres después de que el Supremo elevase la cuestión de inconstitucionalidad, que finalmente ha sido parcialmente apreciada en el citado artículo de la ley.

Por todo ello la satisfacción de la familia era relativa. Además, según explicaba Aventín, en el caso de Patrick tampoco le va a suponer un gran cambio en su vida diaria. Hace tiempo que se inscribió con su nombre en el registro civil (un trámite más sencillo habitualmente, aunque aún genere problemas en casos puntuales como el de Gabriel en Calatayud), y a todos los efectos es un varón, también para la categoría del snowboard, su deporte favorito, cuando compite. «En la vida diaria no hay problema, cuando hay que rellenar algún papel e indicar el sexo, ponemos hombre o varón, lo que corresponda, y nunca ha habido inconveniente», señalaba la presidenta de Chrysallis.

Pero más allá del caso puntual del joven de Benasque, la resolución del Constitucional abre una primera puerta a lo que para el colectivo trans debe ser una ley que equipare por completo a todos. Conseguir, en definitiva, «la autodeterminación sexual» que reclaman. Una reforma legal que varios partidos han planteado a lo largo de la última campaña electoral, y se ha insinuado antes, pero que nunca termina de llegar.