La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ha tumbado los argumentos en contra del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) no ha sido suficiente para cambiar la posición de las dos instituciones principales enfrentadas por su aplicación. Tanto en el Ayuntamiento de Zaragoza como en el Gobierno de Aragón reiteraron sus posiciones y se apeló a la negociación política una vez superada la vía judicial.
El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, insistió en que la DGA tiene que paralizar los recibos mientras sigan abiertos cauces para cambiar el tributo como la comisión de estudio en las Cortes de Aragón. «Si están por la labor de negociar no se puede mantener esta situación», expresó.
El regidor de Zaragoza en Común (ZeC) consideró que las tesis esgrimidas por la RAPA no se han puesto en duda y que el TC únicamente ha dado por buena la capacidad de las autonomías de cobrar el impuesto. «No queremos que los zaragozanos paguen los pufos de los gobiernos anteriores», dijo. Además, recordó las necesidades de inversión en el ciclo del agua que no han sido cubiertas hasta el momento y las cifró al menos en 60 millones de euros sobre los que la DGA considera que no está dispuesta a negociar.
Por su parte, el presidente del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, pidió que tras la sentencia del Tribunal Constitucional cesen en su empeño quienes «intoxicaban perniciosamente» a los zaragozanos diciéndoles que «estaban pagando dos veces por lo mismo». «Siempre habíamos defendido lo contrario y ahora el Constitucional ha fallado en este mismo sentido», indicó.
Lambán recordó la negociación que hay en marcha en las Cortes para introducir reformas en el impuesto. «A mí me parece que tal y como está planteando no es sustancialmente imperfecto, pero todo en esta vida es susceptible de perfeccionarse; eso sí partiendo de la base de que el impuesto es justo como ha dicho el Constitucional», concluyó.
