El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Juan Cánovas, y otros tres altos cargos del organismo implicados en el presunto robo del agua en esa zona hidrográfica, iniciaron ayer acciones penales por un presunto delito de "descubrimiento y revelación de secretos". Tomaron esta medida tras divulgarse en los medios de comunicación un informe sobre el caso del fiscal de Madrid Emilio Valerio.

Según Valerio, existe un "mercado negro del agua" en el Segura por el que un grupo o grupos económicos venden el agua de pozos ilegales, con el consentimiento de los cargos de la CHS.

Cánovas no precisó contra quién se dirigen las acciones penales emprendidas y se limitó a comentar que el proceso abierto por la Fiscalía de Madrid "tiene carácter reservado", por lo que darlo a conocer "es un peligro gravísimo, sobre todo si son los funcionarios los que lo divulgan". Concluyó: "No es una actitud vengativa, sino legítima defensa", según Europa Press .