Las Cortes de Aragón no ven ninguna irregularidad en el plan de depuración y saneamiento de Aragón puesto en marcha en el 2004, más allá de que aún no se depure el 100% de las aguas residuales de la comunidad, como debería suceder desde el 2015. Así lo determinó ayer la cámara con la aprobación de un dictamen de mínimos, el único en el que se logró un consenso tras la comisión de investigación que, a lo largo de más de un año, con 23 sesiones y 72 comparecientes, ha estado analizando el desarrollo del plan.
La parte común aprobada se ciñe a dar una serie de recomendaciones para el futuro o la reelaboración del plan, como que se apueste por tecnologías más eficientes, que se completen las instalaciones no construidas (sobre todo las del Pirineo) o que se establezcan unas mayores y más frecuentes vigilancias por parte del Instituto Aragonés del Agua sobre las subcontratistas.
Pero más allá de esto, los grupos de las Cortes, salvo el Mixto en algunos aspectos, no apoyaron las conclusiones de Podemos en forma de votos particulares. Los que salieron adelante, de otros grupos, mayoritariamente elogiaban la gestión.
La presidenta de la comisión de investigación y representante de Podemos, Marta de Santos, atacó la «poca voluntad de combatir la corrupción» de la cámara, comparando el modus operandi del sistema de gestión aragonés con tramas de corrupción como «Plaza o el Canal de Isabel II», a base de sobredimiensionar las obras y externalizarlas para cobrar presuntas comisiones.
Los grupos, sobre todo María Herrero por parte del PAR, le afearon que mantuviese la «teoría de la conspiración» y le animaron a ir a la Fiscalía -volver, ya que ya se llevó y fue archivado- si consideraba que tenía pruebas de la comisión, que para Ciudadanos, como ironizó Jesús Sansó, se quedó en un «caro máster» en gestión de aguas.
