El primer año de la sexta legislatura no va a pasar ni mucho menos a la historia por el volumen y la importancia de leyes aprobadas en la Cámara autonómica. El Parlamento regional echó el telón el pasado viernes a los primeros doce meses de actividad en esta legislatura con un bagage significativamente escaso en su actividad legislativa. Han visto la luz en este periodo doce leyes, pero sólo tres son de auténtico calado político: el presupuesto del 2004, la ley de creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y la ley sobre VPO.

La responsabilidad de esta situación recae obviamente en el Gobierno PSOE-PAR, que no se ha prodigado ni mucho menos en el envío de leyes a las Cortes, contrariamente a lo que cabía esperar del rodaje que se le presupone en su quinto año en el Pignatelli.

De esta forma permanecen en el terreno de la mera especulación leyes comprometidas por el Gobierno de coalición desde su primer año de mandato, como la ley de lenguas --ahora se anuncia para el próximo periodo de sesiones--, la ley de financiación de la Universidad de Zaragoza, la ley sobre el área metropolitana de Zaragoza o la del Pirineo. Y mientras tanto, la reclamada ley sobre los horarios de los bares, que data de 1977, no estará lista hasta después del verano, a pesar de que la DGA tiene competencias en esta materia desde el 94.

Una de las últimas iniciativas legislativas en llegar a la Cámara ha sido la de coordinación de policías locales, un proyecto envuelto en polémica --como se demostró en la manifestación llevada a cabo recientemente por los sindicatos policiales ante la Aljafería-- y que parece que ha entrado en el congelador parlamentario. Sólo un dato: el proyecto de ley llegó el 21 de abril al Parlamento y hace escasos días que se ha constituido la ponencia. Tampoco parece que haya habido excesivas prisas por parte de los principales grupos de la Cámara --PP y PSOE-- en impulsar los trabajos de la comisión especial de autogobierno, que debería desembocar en la reforma del Estatuto, pero cuyo arranque cansino deja a las claras que ninguno de los grandes está por la labor de acelerar el debate autonómico, a la espera de los acontecimientos de Madrid.

LA OPOSICION Respecto al balance en este periodo de lo que ha sido la actividad de la oposición --la principal protagonista de las Cortes--, el número de iniciativas presentadas ha aumentado ligeramente en comparación al periodo comprendido entre junio de 1999 y junio del 2000 en la quinta legislatura. Pese a que el trabajo diario se ha resentido por el obligado paréntesis de las elecciones generales de marzo y las europeas de junio, lo cierto es que se han impulsado casi 300 iniciativas más en esta legislatura entre interpelaciones, mociones, proposiciones no de ley y preguntas. El salto más notable es el del número de preguntas al Gobierno (659 frente a las 451 del mismo periodo en la anterior legislatura). Sin embargo, ha habido un descenso significativo en las proposiciones no de ley (174 frente a las 200 del periodo anterior). En los últimos doce meses, la oposición sólo ha impulsado dos proposiciones de ley frente a las cinco de hace cuatro años. Una Izquierda Unida, que planteó la modificación de la ley de parejas para que las uniones homosexuales puedan adoptar --se aprobó en medio de un intenso debate que dejó sólo al PP--. La otra proposición de ley fue presentada por CHA y hacía referencia a los archivos de Aragón. La iniciativa está estancada desde su presentación en noviembre del pasado año a la espera del informe preceptivo de la DGA.

También ha descendido sensiblemente el número de comparecencias en comisión o en pleno de miembros del Gobierno: 99 frente a las 124 de hace cuatro años.