El decreto ley que deroga el trasvase entró ayer en vigor

La urgencia de este decreto ley se justifica en que "carecería de toda racionalidad continuar invirtiendo en las obras necesarias para realizar un trasvase que no se va a llevar a cabo". Asimismo se justifica por que "un evidente despilfarro de recursos públicos supondría impedir o retrasar, por inmovilización de recursos financieros, la exigible y urgente realización de las medidas estructurales de inversión y de gestión" que se aprueban en el real decreto con carácter de "prioritarias y urgentes". Así, en la disposición final tercera del real decreto se acuerda que entre en vigor el mismo día de su publicación en el BOE.

LAS JUSTIFICACIONES Entre las justificaciones que aporta a la derogación, el documento critica que en la Ley del Plan Hidrológico Nacional que modifica "no han merecido la debida atención y tratamiento aspectos fundamentales", entre los que destaca la dimensión económica, las repercusiones ambientales y los aspectos técnicos.

Además, considera que "estas acusadas y graves deficiencias en los criterios que prestan soporte al trasvase han quedado corroboradas en buena medida por la valoración sumamente crítica que en distintas fases y trámites ha merecido el proyecto a las autoridades comunitarias".

Concluye que esto "resulta determinante para estimar que las posibilidades de obtener financiación con cargo tanto a Fondos de Cohesión como al Feder resultan prácticamente inexistentes".

De esta manera, el Gobierno da el pistoletazo de salida al conjunto de obras que conforman el plan alternativo al trasvase. Un programa de 103 actuaciones diversas que incluyen la reutilización de agua depurada, el ahorro, la mejora de las conducciones y la desalinización. Un total de 20 planta desalinizadoras aseguraran el agua para todos.