Torre Village ya tiene la licencia comercial de gran superficie, uno de los permisos más importantes que requería el futuro centro comercial para poder abrir sus puertas, al margen del conflicto jurídico en el que ha encallado este proyecto de inversión tras dos sentencias judiciales en contra. La autorización fue otorgada el pasado lunes por el Gobierno de Aragón al no apreciar ninguna afección al interés general en materia de patrimonio, medio ambiente y urbanismo. El Ayuntamiento de Zaragoza tuvo conocimiento de ello el martes por la tarde, horas antes de la comisión de Urbanismo celebrada ayer y en cuyo orden del día figuraba instar a Iberebro (Pikolín), promotora del complejo, a parar las obras de construcción por haberlas iniciado sin tener esa autorización.

El consistorio no ha reprendido a la empresa de este incumplimiento, pero el consejero de Urbanismo, Pablo Muñoz, volvió a reclamar a la DGA que le sancione por haber acometido previamente la construcción de la estructura comercial del complejo antes de que la DGA concediera la licencia. Así lo comprobó el ayuntamiento en una inspección a finales de marzo, en la que se constató que las particiones que configuran los futuros locales se habían ejecutado en un 90%, según un informe municipal.

«La DGA no puede mirar para otro lado», afirmó Muñoz, quien recordó que es la segunda vez que Iberebro inicia las obras sin los permisos pertinentes. Recriminó asimismo a PSOE, PP y Cs por «hacer todo lo posible para por salvar Torre Village incluso yendo más allá de lo que dicen las sentencias y la ley». Para el concejal de ZeC, el futuro de este centro depende de que estos tres partidos se hagan con el bastón de mando del ayuntamiento tras las elecciones y legalicen el proyecto con una modificación del PGOU, tal y como han prometido. Solo así, dijo Muñoz, podrá salir del atolladero, ya que se mostró convencido de que el TSJA no admitirá los recursos presentados contra sus dos fallos judiciales, que declararon «nulo de pleno derecho» el plan especial que impulsó el macro outlet.

CONFLICTO DE COMPETENCIAS

En Iberebro confiaron ayer en que en la comisión extraordinaria de Urbanismo, el 25 de abril, se dé vía libre a la licencia de actividad. En caso contrario, advirtieron, no descartan pedir «responsabilidades patrimoniales» al ayuntamiento, a sus representantes políticos y, de forma subsidiaria, a sus asesores. «Estamos pendientes de esa licencia, pero si no llega el día 25 estudiaremos las vías oportunas para exigir responsabilidades», dijeron.

Iberebro solicitó la licencia comercial a fines de diciembre. La tramitación ha sido llevada a cabo por la dirección general de Industria, Pymes, Comercio y Artesanía, del departamento de Economía, Industria y Empleo que dirige la consejera Marta Gastón. El periodo de información y presentación de alegaciones se abrió el 20 de febrero y acabó el 1 de marzo, sin que se notificaran quejas. Las sentencias no alteraron el procedimiento al tratarse de resoluciones provisionales.

La DGA precisó ayer que, el 8 de marzo, se solicitó al ayuntamiento información sobre el proyecto, que llegó el 4 de abril. El 16 de abril finalizó el plazo de cuatro meses que, desde la solicitud del promotor, establece la ley para aprobar, denegar o darla por aprobada por silencio administrativo. La respuesta fue afirmativa porque, con la información remitida por el consistorio y analizando uno a uno los supuestos previstos, se comprobó que «todo es correcto desde el punto de vista urbanístico», apuntaron desde Economía. Sobre una posible sanción apuntaron que «la competencia es plenamente municipal, dijeron desde la DGA.