Aún falta tres años (como mínimo) para la puesta en marcha de un nuevo modelo de transporte público por carretera en Aragón. Así lo reconoció ayer el director general de Transportes de la DGA, Gregorio Briz, que se comprometió ante los grupos parlamentarios de las Cortes a que el mapa concesional que regula los contratos con las operadoras de viajeros esté funcionando en el primer trimestre del 2023 tras superar un largo proceso de elaboración que a lo largo de dos legislaturas acumula muchos retrasos a los que hay que sumar la crisis del covid.

Los nuevos plazos ofrecidos por Briz (CHA) para la entrada en servicio del futuro mapa concesional, que supuestamente garantizará el transporte público para todos los núcleos aragoneses de más de diez habitantes gracias a los trece millones de kilómetros de producción y las más de ciento sesenta y seis mil expediciones, viene derivado del «sucesivo cumplimiento de los plazos de aprobación de los proyectos definitivos» así como de la licitación de varios pliegos, previstos todos ellos para el primer trimestre del 2021.

Después de eso, según el director general, será el turno de la redacción de los informes de los servicios jurídicos e intervención (algo que debería suceder a lo largo del segundo trimestre de ese año) y la resolución de la adjudicación de los diecinueve contratos previstos (quince metropolitanos y cuatro del consorcio de Zaragoza) a comienzos del 2022.

POSIBLES LITIGIOS / Con todo, desde la consejería de Vertebración del Territorio no descartan tener que hacer frente a posibles litigios por parte de las empresas de transporte que pierdan sus concesiones o se sientan perjudicadas, algo que podría desajustar los plazos. Una vez adjudicados esos contratos, se añadiría un periodo de seis meses para la puesta en marcha de los servicios, indicó Briz.

El responsable de la dirección general también avanzó ante los diputados de la comisión que la DGA, dentro de la llamada Estrategia aragonesa para la recuperación, tratará de captar dinero del fondo de recuperación europeo con la presentación de un proyecto de «transformación digital del transporte público de Aragón hacia una realidad 4.0» para llegar a todos los ciudadanos.

LÍNEAS EN SUSPENSO / La intervención del responsable de la DGA también sirvió para analizar la situación actual de muchos trayectos, tanto por ferrocarril como por carretera, suspendidas desde la crisis del covid. Briz achacó la situación tanto a la decisión, tanto de Renfe como de las concesiones de autobús, de no reponerlos hasta que no se recupere la demanda habitual. En el caso de la compañía ferroviaria indicó que reclaman un mínimo del 30% de los usos.

El diputado del PP, Joaquín Juste, alertó de que si los pocos servicios con los que cuentan los aragoneses se pierden es porque las cosas «no se están haciendo bien» y consideró que los que quedan «cada vez son peores», lo que hace «muy difícil» que la gente siga viviendo en los pueblos. Además se refirió al mapa concesional como los reyes magos «porque todos hablan de él pero nadie lo ha visto desde hace tres años».

Desde Ciudadanos, Ramiro Domínguez, confió en que se cumplan los plazos. «Despoblación es no perder servicios, monten tres o diecisiete pasajeros». indicó.