Un informe redactado por dos catedráticos de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, José María Gimeno Feliú y Gerardo García Álvarez, y encargado por la oposición, concluye que la interpretación hecha por el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) del artículo 14 de la Ley de Capitalidad para asumir el control de las sociedades municipales puede ser «constitucionalmente discutible». Añade que podría haberse incurrido en «fraude de ley» además de haberse producido una situación de «desviación de poder» en el método utilizado por el Gobierno de Pedro Santisteve para modificar la organización de los consejos de administración de Ecociudad, Zaragoza Vivienda, Zaragoza Cultural y Zaragoza Deporte.

El documento, de 11 páginas, y redactado en apenas tres días y que no fue facilitado a los medios de comunicación, incluye posibles medidas de actuación para tratar de reconducir la situación, objetivo de PP, PSOE, Cs y CHA.

Según informó el portavoz del PSOE, Carlos Pérez Anadón, el informe explica que «si la Ley de Capitalidad se interpreta en otro sentido del que fue el espíritu del legislador en la norma podría incurrirse en una actuación inconstitucional». Es decir, que el uso que ha hecho el Gobierno municipal del artículo 14 podría ser inconstitucional, matizó.

MOTIVOS

La ley, explicó, plantea las funciones concretas que tiene un pleno, y no la suplantación por parte del Gobierno de las competencias del pleno. Con la norma se pretende agilizar la tramitación municipal y, es por ello, por lo que se permite que, en lugar de que la junta general la integre todo el pleno, lo haga el Gobierno municipal, «pero para ejecutar la voluntad del pleno», precisó. El equipo de Santisteve podría haber incurrido en fraude de ley por cesar a los consejeros que formaban parte de los consejos de administración y nombrar a los nuevos, uno por formación, explicó el socialista. ZeC tiene ahora la mayoría.

En esta línea gira el argumento esgrimido por los catedráticos -siempre según la interpretación de Pérez Anadón- para concluir que se ha podido producir una desviación de poder por «cómo se han producido los hechos en los consejos que se han realizado tras la decisión del Gobierno del pasado día 9, tanto en los ceses de los consejeros como en los acuerdos tomados», añadió en referencia al consejo de administración de Ecociudad, que se celebró el miércoles, en el que se cesó el hasta entonces gerente, Miguel Ángel Portero, y se nombró a Joaquín García Lucea y a los nuevos consejeros de ZeC.

Desde el Gobierno de la ciudad insisten en que se ha cumplido la normativa, ya que tanto la Ley de Capitalidad como la de grandes ciudades incluye esta vía alternativa que pretende «agilizar» el funcionamiento del ayuntamiento. Explican que esta nueva estructura constituye un paralelismo con la organización de las sociedades del Gobierno de Aragón, donde tampoco se respeta la representatividad del pleno y, por último, niegan que se haya incumplido el acuerdo de la junta de portavoces de julio del 2015, por el cual se decidió cómo se organizarían las sociedades, al tratarse de un «acuerdo político».

Para el portavoz del PP, Jorge Azcón, con el informe se confirma «la sensación política» respecto al «golpe a la democracia» de ZeC. «Ahora tenemos una opinión jurídica, fundada, solvente e independiente». Sara Fernández, de Cs, confirmó que no se descarta acudir a la vía judicial, pero que será el último recurso que utilice la oposición para tratar de reconducir la situación. Por su parte, Carmelo Asensio (CHA) indicó que, una vez analizado el informe, decidirán las medidas. «Que el Gobierno de ZeC actúe de forma irresponsable, no significa que el resto también lo haga».