La Fiscalía pide penas de entre tres años y medio y cuatro años y medio para los cuatro presuntos integrantes de una banda de falsificadores de cheques que fueron detenidos en Zaragoza, en enero del año pasado, tras intentar colar en Alagón un pagaré falso a nombre de la Casa Amparo de la capital aragonesa. La mayor petición de condena es para Agustín F. M., el presunto cabecilla de la trama, por sus antecedentes por delito de falsedad documental. También los tiene por robo con violencia, lesiones y detención ilegal, aunque en esta causa no computan.

Los hechos tuvieron lugar el 11 de enero del año pasado, cuando el citado Agustín F. M. se desplazó en un coche desde Madrid con Víctor Manuel G.-A. G., María Rosario M. R. y María Isabel P. G., hasta Alagón. Allí, esta última entró en una sucursal bancaria con un cheque de 2.850 librado contra la Casa Amparo, provista de un DNI con su foto pero con una identidad distinta a la suya.

SOSPECHAS A la cajera le extrañó el importe, y consultó con la institución benéfica, que le confirmó que no habían emitido el documento que acababa de percibir. La mujer se marchó sin cobrar, pero al llegar a Zaragoza, en la glorieta Sasera, la Policía dio el alto al vehículo y detuvo a los sospechosos. Les encontraron dos documentos de identidad falsos y otros dos pagarés falsificados, por importes de 2.835 y 2.810 euros, a nombre de una empresa metalúrgica. La investigación policial reveló que los originales eran por importes de 138 y 730 euros.

Por ello, el ministerio público imputa a los detenidos --defendidos por los letrados Carlos Vela y Fernando Díaz-- delitos de tentativa de estafa, en concurso con los de falsedad en documentos oficial y mercantil. Pide por ello penas de dos años y medio a tres años y medio de cárcel por este motivo, además de multas que oscilan entre los 3.000 y los 3.600 euros (al cabecilla). Y otro año por integración en grupo criminal.

INFORME POLICIAL La Policía explicó en un informe que estos grupos suelen contar con los llamados buzoneadores, que rondan por polígonos industriales o zonas de concentración de empresas para robar de los buzones los cheques originales, que otro componente, denominado en el argot como el plumilla, se encarga de falsificar.

Modifican las cantidades hasta dejarlas en menos de 3.000 euros --para no activar los protocolos de seguridad que tienen los bancos-- y cambian el destinatario del pago. A menudo, como parece ser el caso de los imputados, son bandas itinerantes.