Las Cortes huelen ya a elecciones, y a medida que se van acercando se disocia más lo que se aprueba del mensaje que se envía al hacerlo. Así se puso de manifiesto ayer en el pleno en el que, en realidad, salieron adelante las principales iniciativas económicas del Gobierno, pero entre reproches de «postureo» o de falta de voluntad negociadora.

Así ocurrió con la tramitación del fondo de financiación municipal, una herramienta que, según defendió el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, pretende dotar de «estabilidad» presupuestaria a las localidades, que recibirán al menos un mínimo de la DGA según criterios de despoblación o dispersión, entre otros, independientemente del signo político del consistorio y el Gobierno autonómico en ese momento.

Todos los grupos votaron a favor de la tramitación de la norma, con el objetivo declarado de que el Gobierno de Aragón no les pueda usar como cabeza de turco al señalarles como los que bloquearon el acuerdo. Pero al tiempo que votaban que sí, acusaron al Ejecutivo de «postureo» -calificativo de Maru Díaz, de Podemos- por llevarla con menos de dos meses por delante para su tramitación, «en el tiempo de descuento», siendo un compromiso electoral.

Además esta se prevé compleja, dado que la norma contempla unas medidas, como condicionar la financiación a cumplir con la Ley de Memoria Democrática (retirar símbolos franquistas, por ejemplo), con la que los grupos de centro-derecha no comulgan.

Algo similar ocurrió con los tres decretos leyes presentados por el Gobierno para el incremento del salario de los funcionarios (46 millones de euros), para adelantar el pago por incapacidad temporal (1,7 millones) y la financiación de las próximas elecciones autonómicas (3,9 millones).

Lo aprobaron, pero criticando que el Ejecutivo «abuse» del decreto ley por su «falta de capacidad negociadora» y por no haber sacado adelante unos presupuestos.