Los grupos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza, excepto IU, han asegurado hoy que están dispuestos a negociar con el Gobierno de Aragón el anteproyecto de ley de capitalidad, pero han pedido una ampliación del plazo de audiencia pública para poder llegar a un consenso.
Hoy la junta de portavoces del consistorio se ha reunido con el equipo de gobierno de Zaragoza para intentar alcanzar una postura consensuada de cara a la negociación de la ley, cuyo anteproyecto aprobó el Consejo de Gobierno de Aragón el pasado 28 de octubre, sin haberla negociado antes con el Ayuntamiento de la ciudad.
El portavoz socialista, Carlos Pérez Anadón, ha dicho a los medios de comunicación después de la reunión que el PSOE tiene una actitud "totalmente proactiva" hacia la negociación, al margen del poco tiempo que queda hasta las elecciones municipales del próximo mayo, en tanto en cuanto es una ley "esencial" para Zaragoza.
No obstante, ha apuntado que debería "ampliarse un poco" el plazo que se ha dado para la audiencia pública de la ley y la presentación de alegaciones, y por eso se va a pedir una prórroga de un mes, con el fin de alcanzar el máximo acuerdo en el seno del Ayuntamiento.
A su juicio, el gobierno municipal tendrá "más fuerza" si los grupos políticos del consistorio son capaces de ponerse de acuerdo en el "esqueleto" de la ley de capitalidad.
Para ello, se ha acordado la creación de un grupo de trabajo en el que se estudiarán las propuestas de los partidos políticos referentes a tres cuestiones: el régimen jurídico, el régimen competencial y el régimen financiero.
Por su parte, el portavoz municipal popular, Eloy Suárez, ha insistido en que se dará "un paso de gigante" si se alcanza un acuerdo en el Ayuntamiento de Zaragoza para después trasladarlo al Gobierno de Aragón, un consenso en el que todos los grupos "estén cómodos".
A su juicio, hay cuestiones relacionadas con los temas competencial y financiero que podrían mejorar, pero al mismo tiempo ha destacado que con la presentación del anteproyecto el Gobierno de Aragón ha cumplido "sus compromisos" para solucionar un problema pendiente desde hace quince años.
El portavoz de CHA en el consistorio, Juan Martín, ha recordado que esta ley tendrá que asegurar la financiación de los servicios públicos de la ciudad y definir el entramado institución para que las relaciones del Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón sea "estable".
A su juicio, es "fundamental" apurar hasta el último minuto de las posibilidades de consenso porque Zaragoza necesita "una financiación estable" y por eso CHA está dispuesta a sentarse a negociar porque el actual anteproyecto no contempla la capacidad tributaria y financiera del consistorio.
Además, ha denunciado que según el texto el ejecutivo autonómico "tutela" a la capacidad urbanística de Zaragoza, algo que habría que cambiar.
Sin embargo, el portavoz de IU, José Manuel Alonso ha indicado que el Ayuntamiento de Zaragoza debería exigir "inmediatamente" la retirada del texto y a creación de una comisión mixta con participación del consistorio y el ejecutivo regional para elaborar un nuevo documento.
IU, no obstante, no renuncia a trabajar en esta ley y creará una comisión de trabajo para elaborar una propuesta alternativa al actual anteproyecto, que para Alonso se ha tramitado "de forma burda" y con "deslealtad" al no haber contado con la participación del consistorio de la ciudad a la que afecta la ley.
