El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) no ha asumido los alrededor de 3.000 expedientes que acumulaba Medio Ambiente y que sirvieron al consejero Alfredo Boné para justificar su creación. Tal y como ha confirmado la propia consejería, la entidad de derecho público únicamente ha aceptado los informes recibidos a partir de la fecha de su puesta en marcha, el pasado 1 de abril. Desde el departamento de Boné se alegan razones de "seguridad jurídica" para que se sigan tramitando en la consejería.
La situación ha sido denunciada por CHA, que, junto con el resto de los partidos de la oposición, criticó en su momento la "falta de sentido" del Inaga, "a no ser que existan intereses partidistas".
"Siempre hemos expuesto la inseguridad jurídica y técnica que creaba esta entidad de derecho público pero ceñida al derecho privado, ya que externaliza expedientes muy delicados", denunció ayer Yolanda Echeverría, portavoz medioambiental de CHA.
Los sindicatos UGT y CCOO también han mostrado sus reticencias al entender que la congestión que se ha producido en el departamento volverá de nuevo a repetirse en el Inaga debido "a la falta de personal" del que adolece.
El consejero Alfredo Boné justificó el Inaga como solución al "enorme atasco administrativo" de su departamento. Boné recordó la importancia medioambiental en las nuevas directivas y el cada vez mayor volumen de solicitudes de tramitación de expedientes. Por ello propuso "un instrumento ágil y eficaz" para reducir los plazos de resolución y notificación de expedientes.
EL TRABAJO DE UN MES Según los datos facilitados ayer por Medio Ambiente, desde el 1 de abril Inaga ha recibido 745 documentos y ha abierto 520 expedientes administrativos. Para ello trabajan 39 funcionarios, trasladados tanto del departamento como del resto de la DGA.
En cuanto a los expedientes anuales que hasta ahora tramitaba Medio Ambiente ascendían a unos 8.000, sin contar las licencias de caza y pesca, que alcanzan los 100.000.
"Lamentablemente, si el departamento no podía asumir los 3.000 expedientes atascados con el personal con el que contaba, la situación habrá empeorado ahora que tiene menos funcionarios", añadió la CHA.
No obstante, el objetivo del Inaga es obtener una ventanilla única que aúne los trabajos ambientales que se venían tramitando a través de diversos servicios y direcciones generales. De hecho, la consejería define los plazos límite de notificación y los efectos del silencio administrativo.
Para ello, ya se ha firmado con cinco colegios profesionales diferentes convenios de colaboración. Se trata de los Ingenieros Técnicos Industriales; Ingenieros Industriales, Químicos; Ingenieros de Montes, e Ingenieros Técnicos Forestales. Por el momento, el colegio de Biólogos no ha aceptado esta participación.
