La renovación del Justicia de Aragón, tras casi tres años en funciones, sigue estancada. Durante la presentación del informe anual de la institución que ayer se celebró en las Cortes de Aragón, el actual responsable, Fernando García Vicente, invitó a afrontar la tarea con «independencia».

La tercera autoridad de Aragón negó que esté en el cargo «para jubilarse» y consideró injustos los ataques de los partidos que reclaman más «juventud y dinamismo» para la institución. «Si de verdad buscara un lugar tranquilo me buscaría otra cosa», expresó García Vicente.

Asumiendo la dificultad de alcanzar un consenso para su sustituto, alertó de que «lo que sobra» en la sociedad es «gente que eche gasolina al fuego» y que su objetivo en los más de quince años que lleva en el cargo ha sido «buscar soluciones».

El diputado de CHA, Gregorio Briz, señaló que es necesario «acabar con la situación de interinidad» y para ello pidió un «esfuerzo de consenso». Detalló que en el caso de lograrlo se podría «revitalizar» su actual papel en la sociedad. En el mismo sentido se manifestaron Ramiro Domínguez (Ciudadanos) y María Herrero (PAR), que alabó la institución como «vanguardista» por su papel en defensa de los más débiles.

Una mujer para el cargo / Podemos también asumió la necesidad de un debate profundo para la renovación del cargo. Como en el pasado año pusieron sobre la mesa la conveniencia de que sea «una mujer» la que opte a la elección de forma que fuera la primera en «800 años» que ocupara esta responsabilidad. La diputada Amparo Bella fue la que enumeró un mayor número de reformas para el Justicia, entre ellas la de convertir en vinculantes las sugerencias que emite. «Los ciudadanos deberían tener la confianza de que sus quejas serán solucionadas y no solo atendidas», indicó.

Por parte de García Vicente esta propuesta no fue recibida con especial entusiasmo. «En ese caso estaríamos hablando de una institución diferente», contestó. Por el momento explicó que el nivel de respuesta y atención de las administraciones crece año tras año con la salvedad de algunos ayuntamientos. «En algunos casos pueden tomarse las sugerencias como algo personal», lamentó.

Los diputados Enrique Pueyo (PSOE) y Fernando Galve (PP) no entraron en el debate sobre la renovación del cargo. Por parte de los socialistas alertaron sobre el aumento de quejas de los autónomos y por parte de los populares se pidió «más atención» a los olvidados por las instituciones.