Un juez al frente del Ministerio del Interior y una fiscala en el de Justicia. A pesar de ello, los diferentes colectivos profesionales que forman parte de esta administración (funcionarios, secretarios judiciales, fiscales y jueces) se han rebelado contra el Gobierno de Pedro Sánchez porque, a pesar del cambio de color político, sus reclamaciones laborales caen constantemente en saco roto.

La semana comenzó con protestas de funcionarios en todas las sedes judiciales y ayer finalizó con una multitudinaria manifestación en Madrid, a la vez que este colectivo secundaba la primera huelga general del sector. Los letrados de la Administración de Justicia también llevaron a cabo movilizaciones y este lunes, 19 de noviembre, harán lo propio jueces y fiscales. En sus retinas todavía está la fotografía publicada en los medios en los que la ministra Dolores Delgado se concentraba en las puertas de la Audiencia Nacional cuando era fiscala especializada en terrorismo islamista.

Los funcionarios consideran que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) -pactada entre PP, PSOE y Unidos Podemos y que fue aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 30 de octubre-- produce «un gravísimo ataque a nuestras condiciones de trabajo y al servicio público».

Este colectivo llegó a reunirse con responsables del Ministerio de Justicia, donde, según explicó CCOO, se les indicó que el PSOE del Senado presentará una enmienda a la LOPJ que deje sin efecto el aspecto más polémico de la reforma, el artículo 521 para que se vuelva a la redacción actual y no sea cada municipio el centro de destino. Una propuesta que fue considerada insuficiente por los sindicatos.

La ministra también convocó a los letrados de la Administración de Justicia. Un encuentro al que no asistió la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) por considerarla «tardía y vacía de contenido», ya que Delgado no ha hecho ninguna oferta concreta.

Para evitar la huelga de este lunes también lo intentó con jueces y fiscales. Es la segunda en su historia, la anterior la realizaron contra el popular Rafael Catalá. La ministra recordó que el Gobierno apoya una de las principales reivindicaciones que es la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que pone fecha tope para desarrollar las instrucciones de las causas penales.

En otros proyectos también manifestó que ya se está ultimando en el Senado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que afecta a la recuperación de derechos laborales de jueces y fiscales tales como permisos, licencias de paternidad e incapacidades temporales.

Delgado también comunicó a las asociaciones la «imposibilidad» de llevar a cabo otra de las principales exigencias, la reforma del sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, ya que «no existe consenso entre las fuerzas parlamentarias», según el comunicado de Justicia. Aun así, subrayó el compromiso del Ejecutivo para «acabar con el sistema presidencialista».

Tras dicha reunión, el ministerio emitió una nota en la que se señalaba que la huelga «no es contra el actual equipo ministerial». Una afirmación que molestó a la mayoría de las asociaciones -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF)- que dejaron claro que «todo son promesas, pero largas».