"Esta sentencia demuestra que las movilizaciones y la lucha que desde hace años hemos emprendido ha merecido la pena. Pero también es verdad que por ahora hay que ser prudentes, ya que el fallo no es firme y no creo que las entidades bancarias se queden conformes", aseguró ayer, al conocer el fallo, Susana Torralba, una de las afectadas y socia de Aicar-Adicae que fue llamada a testificar en este juicio. Esta estudiante contrató con la academia de inglés un nivel de enseñanza que le costó 1.800 euros, "pero a los dos meses de cerrar y no recibir clase dejé de pagar el crédito al banco".
"Estoy encantada, porque con este caso me he sentido muy estafada. Parecía que nosotros, las víctimas, tuviéramos que pagar las consecuencias del cierre de la academia. Además, no creo que hubiera una respuesta seria por parte del Ministerio de Consumo, más bien se dejó en manos de cada comunidad autónoma. Aquí, gracias a la movilización del alumnado y a la constitución de una Comisión de Afectados, el Gobierno de Aragón nos ha ayudado y no nos hemos visto en el olvido total", afirmó O. C., para quien "nunca recuperaremos lo que hemos pagado".
