Los letrados de la Administración de Justicia, denominados anteriormente secretarios judiciales, forman otro colectivo que se ha levantado contra el Gobierno. Carlos Jesús Artal es uno de ellos y forma parte de la Unión Progresista de Letrados. Artal explica que el cuerpo de letrados tenía atribuidas una serie de competencias como son la fe pública judicial, la estadística y el impulso del procedimiento. A estas atribuciones, el Ministerio de Justicia les ha añadido otras como la dirección procesal de la nueva oficina judicial, la administración de las demandas, acuerdo de embargos, gestión de las cuentas, celebrar matrimonios, divorciar y tramitar juicios monitorios (que suponen el 60% en el ordenamiento civil).
Una carga laboral que, tal y como señala Artal, es con el mismo salario. Una cuestión que molesta a estos trabajadores, si bien incide en que a mayor trabajo hay mayor responsabilidad. «Somos del mismo grupo funcionarial que jueces, fiscales o inspectores de Hacienda, pero somos los que menos cobramos», lamenta. También quiere hacer ver ante la ciudadanía que los secretarios judiciales «somos un escudo cuando las cosas van mal». Describe un asunto ocurrido en Ibiza en el que una Letrada de la Administración de Justicia fue responsabilizada de que una mujer víctima de malos tratos se suicidara, después de que denunciara en dos ocasiones. «No miraron que estaba realizando labores en tres destinos diferentes y que hay más partes».
