Debería resultar extraño que alguien se asustara hoy en día de que considerara a Aragón su país. Confundir la palabra país con Estado o con un modelo de organización jurídica y administrativa era un debate que se superó hace más de un siglo pero que interesadamente ciertos sectores conservadores, en medio de la confusión y la escasa serenidad del debate político actual se empeña en agitar como amenaza a la unidad de España. Basta consultar el diccionario de la Real Academia Española para encontrar en su segunda acepción la definición de país: «Territorio, con características geográficas y culturales propias, que puede constituir una entidad política dentro de un Estado». ¿Alguien puede dudar que una ley aragonesa como la de Derechos Históricos puede definir a la comunidad aragonesa como un país? A la vista de la semántica, no. Otra cosa es que los intereses políticos quieran, una vez más, jugar con los lingüísticos y los sentimentales. Aragón puede ser un país (cumple los requisitos del diccionario) sin que eso atente contra constituciones, como el Sobrarbe es país de montañas para la Ronda de Boltaña, el Conde de Aranda fue miembro de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, todavía vigente, o Vitoria es la capital del País Vasco o hay embutidos «del país».
Pero los intereses políticos, especialmente de Ciudadanos y PP, una vez que el debate sobre Sucesiones ya no da más de sí, es pretender creer que en Aragón se está produciendo una especie de revuelta independentista por reconocer, en una ley, que Aragón tiene unos derechos históricos, voluntad de autogobierno y que se erige en nacionalidad histórica. Nada que no se aprobara --con los votos del PP incluidos-- en los Estatutos de los años 80. Aragón nacionalidad histórica, sí, como se les reconoce esta supuesta distinción a Andalucía,? Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco. Ridículo desposeer de semejante reconocimiento a una comunidad que fue reino hace mil años y cuyas instituciones políticas son reconocidas secularmente. Otra cosa que daría para otro debate es la oportunidad de plasmar en una ley ordinaria cuestiones que afectan más a lo sentimental que a lo legal, y se podría debatir si todas estas disquisiciones son papel mojado, o si es anacrónico legislar sobre derechos que otorga la Historia en un ejercicio que vaya más allá de la mera y necesaria autoestima.
Sacar de contexto y llevar al debate político obviedades como que Aragón es una nacionalidad histórica y un país son ganas de volver al reloj de la transición, una vez que los parlamentos autonómicos y las Cortes Generales aprobaron, hace más de tres décadas, todos estos términos. Más preocupante resulta pensar que, quizás hoy en día, no prosperaría ninguno de estos estatutos por definirse como lo que son y en su día así lo manifestó su ciudadanía.
