El Gobierno aragonés negó ayer que el desfase de 42 millones de euros en gasto de personal del Departamento de Salud sea consecuencia de una falta de previsión presupuestaria, como denuncian los sindicatos UGT, CCOO y CSI-CSIF. También rechazó con contundencia que la sanidad aragonesa "esté en quiebra".

Para la consejera de Salud y Consumo, Luisa María Noeno, la complicada situación de la financiación sanitaria es una cuestión que preocupa a todo el Estado, no sólo a Aragón. Explicó que algunos gastos exceden de la capacidad presupuestaria de su departamento y por ello Economía hará una reasignación de créditos para afrontar determinados costes del sistema aragonés de salud, según el proyecto de ley de 48,6 millones de euros que será aprobado con urgencia por las Cortes.

De esos 48,6 millones, 42 millones se dedicarán a nóminas del personal sanitario y cuotas patronales, explicó la consejera, quien se mostró "sorprendida" porque los sindicatos le pidan cuentas. "Hay una preocupación general en todo el Estado por la financiación sanitaria", según Noeno, y de aquí al verano "vamos a tener mucho trabajo" para volver a calcular y actualizar los gastos sanitarios en Aragón y en el conjunto de España. En concreto, en la comunidad aragonesa hay 81.000 tarjetas sanitarias más, y en los presupuestos de la comunidad para 2005 se dedican 1.086 euros por habitante y año para esta cuestión, afirmó. "Estamos soportando un gasto que no estaba computado en el número de tarjetas que había cuando se hizo la transferencia".

Por otro lado, el consejero de Economía, Eduardo Bandrés, rechazó que haya imprevisión en la gestión del Departamento de Sanidad y explicó que "la problemática financiera de la sanidad aragonesa no es distinta a la que tiene lugar en el resto de comunidades autónomas". "No hay imprevisión sino que el Departamento de Salud se ve sometido a un conjunto de presiones a las que ya nos hemos referido en más de una ocasión, que suponen unos gastos, como los de farmacia, y un aumento de la contratación para mejorar asistencia que dan lugar a unas necesidades financieras que a final de año que hay que cubrir antes que dejarlas como un déficit pendiente", puntualizó. Esto se va a hacer "con una ley que se va a tramitar en el Parlamento" y aclaró que se van a "detraer fondos de actuaciones del Gobierno que no se han ejecutado para trasladarlos a la Sanidad" por lo que "no supone un aumento del gasto global de la Comunidad autónoma ni tampoco vamos a subir ningún impuesto". Además avanzó, el Presupuesto de Aragón del 2005 "reflejará con más precisión la financiación necesaria para la sanidad.