El Papa Francisco ha decidido retirarle el estado clerical a Miguel Ángel Barco López, el que fuera párroco de Épila y se viera implicado en el escándalo del diácono que presentó quejas por acoso y que acabó con la salida forzosa como arzobispo de Zaragoza de Manuel Ureña. El prelado no llegó a dar crédito a la versión del joven, pero le pagó 60.000 euros (casi 100.000 euros, según algunas fuentes) a cambio de rescindir la relación contractual.
El sucesor de Ureña al frente de la Iglesia zaragozana, Vicente Jiménez, así lo comunicó el pasado lunes por carta a los sacerdotes y comunidades religiosas de la diócesis. El arzobispo señala que Miguel Ángel Barco está en actitud de rebeldía frente a la decisión de la Santa Sede de imponerle la pérdida del estado clerical «al mantener su voluntad de no abandonar la vida sacerdotal, después de un año de que le fuera notificada esta pena».
El prefecto de la Congregación para el clero, el cardenal Beniamino Stella, le ha escrito sobre este tema al propio arzobispo Jiménez, quien considera conveniente que todos los religiosos de las diócesis de Alcalá de Henares, Barcelona y Zaragoza sepan que Miguel Ángel Barco ha perdido el estado clerical. «Por disposición de la Santa Sede, no debe vestir como sacerdote, ni celebrar los sacramentos, ni predicar, ni enseñar materias teológicas, así como tampoco desempeñar cargo alguno de dirección en el ámbito pastoral ni conferir responsabilidad alguna en la administración parroquial», señala Vicente Jiménez.
Recuerda que «ejercer el ministerio sacerdotal, una vez dimitido del estado clerical, es un acto gravísimo contra la comunión eclesial que podría comportar la imposición de penas a quien lo hiciere y a quien lo permitiese o favoreciera». La carta de Vicente Jiménez finaliza «pidiendo al Señor que ilumine el camino de Barco López a fin de que pueda reconducir su vida tamquam laicus -como laico-.
En febrero del 2015, tras destaparse la polémica por el asunto del diácono, el arzobispo Jiménez decidió apartar a Barco de la Iglesia de Épila. Le conminó a regresar a Alcalá de Henares, diócesis a la que pertenece y desde la que llegó a Aragón en comisión de servicio. Jiménez tomó esa medida, después de convocar el consejo de gobierno, organismo que representa a todos los vicarios de la archidiócesis.
SALIDA SORPRESA
El nombre de Miguel Ángel Barco saltó a la luz, poco tiempo después de una repentina renuncia por parte de Manuel Ureña un 12 de noviembre del 2015. Alegó problemas de salud. Posteriormente se tuvo conocimiento que fue la Santa Sede la que impulsó dicho cese.
Fue después de que se autorizara una indemnización de 60.000 euros netos al diácono Daniel Peruga, a través de la nómina del mes de noviembre. Este fue el único pago realizado con los fondos del arzobispado. Se produjo después de que este joven, ya en su condición de diácono y en los primeros días de noviembre de ese año, solicitara por propia voluntad, a través de una instancia dirigida al Papa, la pérdida del estado clerical y la dispensa de la obligación del celibato.
Paralelamente se inició una investigación por parte del propio arzobispado sobre la supuesta comisión de un delito de acoso por parte de Miguel Ángel Barco, expárroco, y el diácono. Barco también interpuso denuncia ante la Guardia Civil por presuntas injurias y amenazas por parte de Peruga, si bien no amplió la misma en aras de un acuerdo entre las partes. Ahora, Barco está fuera del sacerdocio.
