Situado en un apartado reducto montañoso entre Cuenca y Valencia, al sur de Teruel, Abejuela es un pueblo aragonés al que siempre es complicado llegar y del que tampoco resulta fácil salir. Y más ahora, con el confinamiento forzoso para frenar la expansión del coronavirus.
«Estamos más solos que la una», lamenta Mari Carmen Civera, que desde hace cinco años regenta el multiservicio de la localidad, de solo una veintena de habitantes. «Con las restricciones, nadie viene por aquí, ni las familias de Valencia que tienen raíces en la zona ni los vecinos que van a trabajar fuera y que prefieren quedarse a vivir donde tienen el curro», explica.
Las limitaciones a la movilidad, en efecto, han cambiado la vida en los pueblos situados en los confines de Aragón. Sobre todo en los municipios limítrofes con Navarra, Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana o Cataluña. En muchos de ellos basta recorrer unos metros para encontrarse en otro territorio autonómico, bajo otra administración, y con una patrulla de la Guardia Civil, de la Policía Foral o de los Mossos d’Esquadra que da el alto, pregunta adónde se va y pide la documentación.
«Llevamos toda la vida yendo a Horta de Sant Joan a comprar, a sacar dinero al cajero, a tomar algo, y ahora, de repente, con las medidas de confinamiento, nos lo han prohibido», se extraña María Ángeles Vaquer, vecina del pueblo de Aréns de Lledó, en el Matarraña. «Pero la gente sigue yendo igual», reconoce. «La normativa es muy ambigua y cambiante y además Horta de San Joan, que pertenece a Tarragona, está aquí al lado, muy a mano», explica. Tan cerca que no hay más que cruzar a pie una pasarela sobre el río Algás para estar ya en Cataluña.
Y María Ángeles resume con un ejemplo claro lo «irracional» que es la situación. «En teoría, no podemos ir a Horta de Sant Joan, que está a siete kilómetros, pero sí a Albarracín, que se encuentra a 240 kilómetros…», dice. El confinamiento es una situación nueva que afecta a todos los aragoneses. Pero en las fronteras de la comunidad su impacto se percibe más en la vida cotidiana.
«Más que problemas hay temor a que puedan ponerte una multa por saltarte la ley», señala José Peris, alcalde de Puente de Montañana, al este de Huesca, en la raya con la provincia de Lérida. «Si vas de médicos a Lérida con cita previa, no te pueden decir nada ni los Mossos ni la Guardia Civil, pero hay otras circunstancias en que estás a expensas de la forma en que se entienda y se aplique la ley», afirma.
Puente de Montañana está tan cerca de Cataluña que parte de su término municipal se adentra en el otro lado del río Noguera Ribagorzana, que normalmente, en casi todo su curso, marca el límite entre Aragón y la vecina comunidad. «Se da el curioso caso de que el puente que lo cruza y que conecta con la otra parte del pueblo está en Lérida, mientras que la pasarela de aguas arriba sigue dentro de Huesca», comenta Peris. Por ello los confinamientos autonómicos y provinciales han trastocado la vida cotidiana de Puente de Montañana. «Los vecinos tienen costumbre de ir al mercadillo a Tremp y ahora no pueden hacerlo», indica Peris, que añade que, hace un tiempo, varios alcaldes de la zona oriental de Huesca remitieron una carta a las subdelegaciones del Gobierno en Huesca y Lérida pidiendo que se les dispensara un trato acorde con su especial situación geográfica junto a la línea divisoria entre dos territorios autonómicos.
«Al final, dependes de la discrecionalidad de las fuerzas de seguridad, de la forma en que interpretan la normativa y consideran cada caso, pues en ningún documento legal figura un asterisco explicando nuestra singular posición en el mapa y diciendo que somos una excepción de la norma», razona.
Claro que las restricciones no afectan por igual a todas las poblaciones fronterizas. En Torrellas, muy cerca de Soria, han visto limitada su capacidad de movimiento por el cierre perimetral de Tarazona, a cuya comarca pertenecen. Pero han tardado poco en hacerse a la idea. «Antes del confinamiento estábamos todo el día subiendo y bajando a Tarazona, a comprar al supermercado, a tomar café, a ver a familiares y amigos...», explica María Pilar Pérez, alcaldesa de Torrellas.
El caso de Petilla de Aragón
Por eso el día en que entró en vigor el endurecimiento de las medidas contra el coronavirus «hubo problemas» con la Guardia Civil, que informaba a los forasteros de que no podían entrar en la ciudad del Queiles. Pero a partir de ahí ya no ha habido quejas de ningún vecino. «Contamos con tienda, farmacia y consultorio médico, por lo que tenemos cierto grado de autonomía», subraya la alcaldesa de Torrellas. Lo peor de todo, reconoce, es «no poder ir a ver a los padres».
Un pueblo donde la frontera sanitaria entre comunidades no ha tenido ningún impacto es Petilla de Aragón, que curiosamente pertenece a Navarra aunque está enclavado en las Cinco Villas. «Cuando bajamos a Sangüesa y llegamos a la muga, la Guardia Civil y la Policía Foral nos piden la documentación, pero en cuanto ven que somos de Petilla nos dejan pasar sin ningún reparo», indica Florentino Aguas Arilla, regidor de la localidad navarra, que cuenta con menos de 40 habitantes.
En Petilla están contentos con la forma en que se han organizado las cosas. «El ayuntamiento ha puesto en marcha un servicio para que los vecinos no tengan que desplazarse fuera a comprar algo», cuenta el alcalde. «Nosotros nos encargamos de que se sirva a domicilio», dice.
En Abejuela, que está en el sureste de Aragón, es decir, en el polo opuesto de Petilla, no disfrutan de esas facilidades. «No tenemos de nada, todo nos llega de fuera, de Valencia, desde el cura y el médico hasta el prefijo telefónico», explica Mari Carmen Civera. Al tener tan pocos recursos, todo hay que ir a buscarlo fuera, lo que implicar dar largos rodeos por carreteras de tercer orden. Por eso la Guardia Civil, que conoce esta situación, nunca pone pegas a sus escasos vecinos. Ser de Abejuela es el mejor salvoconducto.
