Son 155 víctimas las que reclaman que se les indemnice por valor de 355 millones de pesetas de la pérdida patrimonial causada por la estafa de los apartamentos de Peñíscola, aunque sólo 47 de ellas están representadas en las acusaciones particulares. Las esperanzas de sus abogados se sustentan en que el tribunal declare en sentencia la responsabilidad subsidiaria de La Caixa, presunta propietaria de los apartamentos utilizados para consumar el fraude, una aspiración que no secunda la fiscal. El hecho de que en los contratos de arras (contratos privados de promesa de compraventa) figurara la entidad como dueña de los pisos no parece prueba suficiente, ya que aquellos fueron redactados por los acusados. La única prueba de los letrados consiste en que los implicados disponían de las llaves de todos los pisos. Además varios clientes disfrutaron de los mismos cerca de dos años sin haber firmado la escritura de compraventa y sin que la propietaria les reclamara el desalojo. En la vía civil se alude a la culpa in vigilando, la responsabilidad por no vigilar una propiedad susceptible de causar un daño.
