La plataforma logística de Platea, en Teruel, se encuentra sin alumbrado público desde hace varios días después de sufrir el robo de cable de cobre de sus instalaciones. Los cacos actuaron «hace unos días» y, según explicaron desde el Gobierno de Aragón, «cuando se estaban realizando trabajos de mejora» en la zona, sustituyendo «las luminarias por otras de tecnología led». Ahora han puesto en jaque a la Admninistración, que no solo asume con impotencia que las calles de la mayor superficie industrial de Teruel no tenga luz sino que «se va a tener que sacar a concurso» la reposición del material robado para su vuelta a la normalidad «en las fases 1 y 2 de la urbanización». Solo un subsector no se ve tan afectado, el 3 (el último en urbanizar), donde se ubica la empresa Röchling.

El incidente ha llevado a los responsables de la plataforma logística turolense a impulsar «un plan de seguridad» que refuerce las medidas actuales de vigilancia y prevención de este tipo de ataques, ya que, según admitieron desde la DGA, «no es la primera vez que se produce» la sustracción de cable de cobre en las instalaciones. Se tramitará a la mayor brevedad junto a la licitación que permita hacer funcionar de nuevo el alumbrado en los viales del recinto. Afortunadamente, ninguna de las empresas instaladas en Platea ha sufrido la pérdida de suministro eléctrico para su funcionamiento.

Sin embargo, esta gasto imprevisto ahonda un poco más en el pulso que mantienen desde hace tiempo el Gobierno de Aragón con el Ayuntamiento de Teruel sobre Platea y los costes de su mantenimiento. Aunque es complicado obtener las cifras oficiales de la factura de tener funcionando con normalidad toda la infraestructura ya urbanizada, lo cierto es que es la DGA la que corre con gastos como los propios de la actividad y, también, con estos imprevistos, más de 500.000 euros al año. Y es así porque siguen sin ponerse de acuerdo para recepcionar las obras de urbanización y crear, a continuación, la unidad gestora que se haga cargo del mantenimiento, en la que entrarían el propio consistorio y las empresas instaladas.

Desde el Ejecutivo autonómico consideran que tanto el alumbrado como los viales, las zonas verdes y otros servicios deberían ser costeados de forma compartida. Llevan «meses atendiendo deficiencias» a subsanar que le indica el consistorio. «La obra no está acabada y no se puede recibir así», declaró el concejal de Infraestructuras de Teruel, Juan Carlos Cruzado, que aceptaría la recepción por fases ya terminadas, no por servicios individuales. El alumbrado era, precisamente, uno de los que la DGA ofreció.