He leído con atención la entrevista que el pasado domingo le hacía este periódico a Pablo Iglesias, pero no he conseguido superar la sensación de ambigüedad y provisionalidad de sus respuestas y propuestas, un poco como si estuviésemos en un seminario de derecho político, o en una tertulia.

El líder de Podemos, como profesor que es, teorizaba sobre los problemas candentes del país, el paro, la corrupción, las pensiones, el reto catalán, pero sin arriesgarse a bajar al plano de la gestión, ni a esgrimir ofertas concretas.

Hasta ahora, no parece ésa --la concreción programática--, la forma de trabajar del nuevo partido. Podemos ha dado marcha atrás sobre las pocas promesas que había hecho hasta ahora, como la edad de la jubilación, por ejemplo, que vuelve a considerar a los 65 años, en lugar de a los 60 de su inicial compromiso.

Sobre la cuestión catalana, su referéndum y sus aspiraciones independentistas, Iglesias se la coge con papel de fumar. Ni a favor ni en contra, ni catalanismos ni españolismos, ni sí a la consulta, ni no, ni todo lo contrario. La idea de Podemos sería abrir un proceso constituyente de base, en sus círculos, supongo, en Internet, imagino, eliminando de la negociación a los cargos públicos y a los partidos mayoritarios por corruptos. Ese proceso de base social, popular, podría realizarse en Cataluña, se supone, pero quizá igualmente en el resto del país, al ser España un país de países o una nación de naciones, conceptos que Iglesias equipara, sin que nada tengan que ver.

Tampoco se moja el profeta del cambio sobre la permanencia, mutación o extinción de la institución monárquica. ¿Está Podemos en contra de la monarquía y a favor de los republicanos? ¿Señalaría Iglesias el camino del exilio a Felipe VI, dispuesto él a presidir una III República en España? No lo sabemos, pues los círculos todavían no se han posicionado, como tampoco sobre el trasvase del Ebro.

En el capítulo de la corrupción, Iglesias sí baraja un par de medidas: aumentar el número de inspectores de Hacienda y eliminar las llamadas puertas giratorias, impidiendo mediante ley, reglamento o decreto que un ex presidente, ministro o cargo público pueda acceder a la dirección de las grandes empresas. asimismo sospechosas de corrupción.

Y con esto y un bizcocho, hasta mañana, en las urnas, a las ocho.