El Senado aprobó ayer una moción por la que insta al Gobierno a que impulse actuaciones prioritarias, consignadas en los presupuestos del Estado de 2017 en infraestructuras viarias y ferroviarias, entre ellas, la reapertura de la línea internacional de Canfranc. La iniciativa fue impulsada por el PSOE y salió adelante gracias a una enmienda transaccional acordada con el PP, PNV y parte del grupo mixto. En la enmienda se acepta la relación de obras reivindicada por el PSOE pero las fía a la «disponibilidad presupuestaria». Asimismo, contempla «impulsar prioritariamente los estudios informativos, proyectos y obras» en el ámbito ferroviario, así como en varias carreteras con un alto nivel de siniestralidad. En concreto, la iniciativa reclama actuaciones en la N-232, una carretera con tramos de alta siniestralidad, en la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Valencia y en la N-211 (Monreal- Alcolea del Pinar), enlace natural y único de Teruel con Madrid.

También se demandan recursos para la N-420 (Córdoba- Tarragona); en la A-21, A-23 (Huesca-Jaca) y A-22 (Siétamo-Huesca), así como en la N-260 (Eje Pirenaico). La propuesta también pide inversiones en el eje transversal de la N-232 entre Zaragoza y Navarra-La Rioja y entre El Burgo de Ebro y Alcañiz, así como en la N-II, ambas de elevada siniestralidad.

La iniciativa fue defendida por la senadora por Huesca del PSOE, Begoña Nasarre, quien apeló a la «orografía particular» de la comunidad y a la dispersión de población, situaciones que han generado, dijo, una «problemática grande», así como desigualdad «en las tres provincias» de Aragón.

Antonio Ignacio Romero, senador del PP, y altoaragonés como Nasarre, explicó que algunas de las actuaciones que se piden, principalmente en carreteras como la N-232 y N-211 ya están «en curso» o representan una «prioridad». Romero cifró la inversión en Aragón en los presupuestos en un 18% menos, 4 puntos menos en relación a la media nacional, y admitió que dicha cuestión «no le satisface».

Por Unidos-Podemos, su senador José Ramón Arrieta, dijo que el Ministerio de Fomento retrasa obras que requieren urgencia en Aragón y a su vez culpa de «desatino» al Gobierno aragonés por ser «incapaz de consignar presupuestos» para dicho fin.Por el grupo mixto, ERC y CDC, que se abstuvieron en la votación, consideraron que la iniciativa es una buena intención pero coincidieron en que la raíz del problema se encuentra en el modelo de financiación en infraestructuras del Estado, que se concentra en Madrid en detrimento de otras regiones y que impulsa proyectos que nunca se llevan a cabo, carecen de financiación o se retrasan continuamente.