La ampliación de la estación de esquí de Cerler por Castanesa sigue su camino tras la revisión del proyecto por parte del Gobierno de Aragón que se ha hecho esta semana. Y ahora la escala de su impacto está en manos de Aramón, la empresa semipública promotora de las obras, según ha explicado el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, en las Cortes de Aragón. El representante de CHA en el cuatripartito ha defendido que han realizado “un ejercicio de responsabilidad revisando a fondo el proyecto” planteando una redimensión de su concepción inicial con la renuncia a tres sectores. Algo que ahora obliga a Aramón, si quiere avanzar en el mismo, a plantear una modificación de su declaración como Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA). Previsiblemente, y atendiendo al “sentido común”, Soro ha avanzado esta modificación será “sustancial”, aunque tendrá que ser decidida por los técnicos.
La ampliación de Cerler ha contado hasta ahora con cinco sectores esquiables, que son Castanesa, Ardonés, Aneto, Isábena y Urmella. El primero, que ya está definitivamente aprobado y actualmente en ejecución, pues cuenta con una evaluación de impacto ambiental favorable. Los tres últimos han sido suspendidos porque no se ha iniciado ni aprobado la pertinente evaluación de impacto ambiente, por lo que el 60% del proyecto inicial no sería ejecutado. Por otro lado, Ardonés, (igualmente paralizado por no contar con evaluación de impacto ambiental) se mantendría “por respeto” ya que es una reclamación histórica de los vecinos, a pesar de que desde el Inaga tienen dudas sobre su encaje ecológico.
Con todo, el consejero ha recordado que Aramón no recibe fondos de los presupuestos públicos y que toda la iniciativa está desvinculada de los desarrollos urbanísticos de Castanesa o de Montanuy. Con los miembros de la crítica Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón (PDMA) presentes en el hemiciclo ha abordado por otro lado el asunto de las expropiaciones, alegando que se provocaría una prevaricación si no se cumplen. Por lo tanto, al ser una obra de interés público ha precisado que el Gobierno de Aragón lo único que puede hacer es publicar la orden para tramitar los expedientes como marca la ley.
Por otro lado, y entrando en la discusión sobre el desarrollo del negocio del esquí, Soro ha calificado de “oportuno y necesario” el debate expresar la situación para evitar “simplificaciones y manipulaciones”. En nombre del Gobierno de Aragón ha insistido en que se ha trabajado en “minimizar al máximo” los impactos ambientales pues es necesario “redimensionar” una estación que no cumple con el modelo sostenible al que aspira todo el cuatripartito. “Queremos que la nieve se un motor de desarrollo pero de forma responsable”, ha dicho.
Ciudadanos ha mostrado sus dudas con el compromiso real ante el proyecto y ha recordado que el proyecto es fundamental para el desarrollo de la Ribagorza, como ya lo ha sido Cerler para la zona de Benasque. El diputado Carlos Ortas ha evidenciado que el sector de la nieve representa el 7% del negocio de Aragón, siendo en algunas comarcas casi el 40%, como pasa en la Jacetania o la Ribagorza, pues se hubiera perdido una oportunidad de fijar población. El diputado, en todo caso, ha señalado que preocupa el desarrollo urbanístico derivado de esta ampliación, algo que también queda en manos de la consejería de Vertebración.
Desde el punto de vista político ha recordado que todo el mundo tiene que hacer cesiones y tomar decisiones. “Tiene la posibilidad de ser claro, aportar certezas y quitar el ruido de fondo”, le ha solicitado. Sobre todo al recordad que la comparecencia es de un miembro del Gobierno de Aragón, no de alguien de CHA.
La etapa anterior a la crisis del 2008 planteaba un proyecto desmesurado que todo el mundo está de acuerdo en redimensionar. Con todo, Ciudadanos cree que los dos sectores más viables son “una buena solución” para el problema de la despoblación, aprovechando su cercanía con Cataluña.
También se ha mostrado escéptico el diputado de IU, Álvaro Sanz. “Queremos más certidumbre, pues a primera vista lo que se ha acordado no es otra cosa que descartar definitivamente los proyectos a los que se renunció hace una década”, ha señalado. Con todo, ha insistido en que las obras actuales son de una “fase cero” que podrían no estar incluidas en el PIGA y que por lo tanto no podrían servir para ampliar la actual declaración de impacto ambiental y que esta debería caducar en diciembre.
Ante la propuesta de modificación del proyecto que ha puesto sobre la mesa el Gobierno de Aragón ha pedido que se aclare si se está ante un nuevo PIGA que requiera la realización de otra declaración de impacto ambiental. “Tenemos que paralizar las obras y clarificar las dudas”, señala, sobre todo porque hay varias denuncias interpuestas por parte de colectivos ecologistas.
