La Asociación de Abogados Jóvenes de Zaragoza organizó ayer una jornada de debate sobre la prueba P-300, el mal llamado test de la verdad que se ha utilizado hasta ahora, infructuosamente, para encontrar los cadáveres de Pilar Cebrián --presuntamente asesinada por su marido, Antonio Losilla, en Ricla-- y Marta del Castillo. En breve podría utilizarse también en el caso de Publio Cordón.
Al Colegio de Abogados de Zaragoza acudieron los principales implicados en la práctica de esta prueba, pionera en España, en Zaragoza: el doctor José Ramón Valdizán, neurofisiólogo; la psicóloga forense Cristina Andreu; el exjefe de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, Antonio Longarón y el magistrado de la Audiencia Provincial Rubén Blasco --que avaló con su voto la validez del sistema. También participó, como penalista, Enrique Trebolle.
Todos expusieron sus argumentos sobre la validez del sistema en la investigación policial --en casos en los que se tengan certezas, según expuso Longarón--, aunque el letrado discrepó de su uso en casos todavía abiertos como el de Ricla. La forense Cristina Andreu adelantó que trabajan para perfilar una metodología unificada para futuros casos, analizando algunos ya juzgados en los que se conozcan los estímulos a los que el condenado respondería.
