El Ayuntamiento de Zaragoza ha denunciado ante el Gobierno de Aragón que la promotora del futuro outlet de Torre Village, Iberebro, está acometiendo obras que no debería ejecutar hasta que la DGA no le conceda la licencia de centro comercial, un permiso que, por lo que conoce, no se le ha dado todavía y que lleva varios meses en trámite. Plantea una irregularidad manifiesta de la empresa. Así lo anunció el propio gerente de Urbanismo del consistorio, Miguel Ángel Abadía, que realizó una inspección el pasado viernes y constató que «se están realizando las particiones que configuran los futuros locales en un 90%». Lo reflejó en el informe que ayer daba a conocer a los grupos municipales, a los que comunicó que es la DGA la competente para actuar.
El responsable de Urbanismo, Pablo Muñoz, destacó que «es importante» para el propio ayuntamiento que se denuncie «por la responsabilidad patrimonial que se está hablando de pedir» a la ciudad por parte de la empresa o, como es el caso, porque «las licencias municipales quedan en suspenso mientras no obtenga la licencia comercial» Iberebro. Porque estos trabajos de tabiquería, apuntó, «no vienen amparados» en los permisos municipales que le fueron concedidos. Estos se enmarcan, dijo, en la futura actividad comercial del outlet, sobre la que debe pronunciarse la Consejería de Economía de la DGA.
SUSPENDIDO POR LEY
El edil recordó que la ley Comercial de Aragón del 2015, en su artículo 20.2, señala que «en tanto no se resuelva el procedimiento relativo a la licencia comercial, no podrá realizarse, en ejecución de las licencias municipales obtenidas, obra alguna por parte del solicitante, debiendo considerarse en suspenso las licencias municipales». Es decir, que solo se pueden hacer los trabajos referidos a la estructura y el cajón del futuro edificio, vinculados a la licencia de edificación sin uso, pero no las del interior, vinculadas a la de licencia urbanística y ambiental clasificada, cuya «ejecutividad» está suspendida mientras no dé el visto bueno la DGA.
Estas obras pertenecen a la Manzana M-1, la que albergará las tiendas outlet y los cines, de la que, según Abadía, «se ha levantado la estructura en un 90%». El esqueleto de Torre Village ya luce avanzado y esta polémica surgía el mismo día en el que los servicios jurídicos daban cuenta en la Gerencia de una segunda sentencia en contra de Torre Village. Un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que respondía al recurso presentado por la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (Ecos) y que concluía de forma idéntica que el primero, en febrero, declarando nulo de pleno derecho el plan especial aprobado en el consistorio en estos suelos de Pikolín en la carretera de Logroño. Justo dos meses después, como publicó ayer Heraldo, se vuelve a ratificar con los mismos argumentos, el «principio de jerarquía normativa» al saltarse el trámite adecuado que era modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la regularización de los usos comerciales específicos.
«No cambia nada lo que ya existía» y como la primera sentencia, será recurrida en casación al Tribunal Supremo. Así respondió ayer Iberebro, en declaraciones a este diario, que sobre las supuestas irregularidades en las obras, defendió que para ejecutar esa tabiquería «se necesitaba una licencia de obras que ya tenemos porque nos la facilitó el ayuntamiento, no una licencia comercial». Aunque añadió que «las inspecciones de Urbanismo se han incrementado a raíz del primer fallo del TSJA». «Y nadie nos ha trasladado nada», aseveró.
En el otro lado de la balanza, el secretario general de Ecos, Vicente Gracia, celebró esta «tercera victoria al ayuntamiento en los tribunales» tras lo ocurrido en el pasado con el centro comercial de Utrillas. «Aunque en esta ocasión el juez al menos les ha indicado la vía por la que hay que ir, que es la modificación del PGOU», subrayó, pero «habrá que ver cómo se plantea y cuando». Ante esto, prefiere esperar a ver qué hace el consistorio y advierte de que el fallo «todavía no es firme» y si se recurre en casación, «y parece lo lógico», pedir medidas cautelares como la paralización de las obras, «aquí es imposible que se lleve a cabo».
En su caso, la casación se puede presentar hasta el 20 de mayo, y el ayuntamiento tendrá que decidir en el próximo pleno qué hacer. Hasta el 9 de abril tiene el consistorio para presentar el recurso al Supremo de la primera sentencia, forzado por la mayoría que sumaron PP, PSOE y Cs, en contra de la voluntad de ZeC, y sobre este, Muñoz aseguró ayer que los servicios jurídicos «ya lo están preparando». Iberebro también lo recurrirá, en ambos fallos, mientras mantiene sus planes de abrir Torre Village en noviembre, coincidiendo con el próximo Black Friday. Cuenta con el apoyo de los tres partidos de la oposición mencionados, que también instaron a abrir el expediente para la modificación del PGOU. Aunque el responsable de Urbanismo ya informó ayer que el Gobierno de ZeC «desestima» la petición de esa moción y no va a abrir ningún expediente porque «eso no es lo que se aprobó en el pleno», sino instarle a hacerlo.
Su atención se centra en esos trabajos bajo sospecha de la tabiquería y a esa licencia comercial que no ha concedido aún la DGA. Mientras, fuentes del Gobierno de Aragón admitieron que solicitó información al consistorio «el 8 de marzo» y que decidirá sobre ella «cuando el ayuntamiento la envíe». Para ello hizo falta una inspección como la que ha suscitado esta nueva polémica.
