El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) aprobó ayer requerirle a la contrata del autobús urbano el pago de casi 2,5 millones de euros por los abonos gratuitos para el uso del transporte público que disfrutan sus trabajadores y familiares. Así lo anunció la responsable de Movilidad del consistorio, Teresa Artigas, quien explicó que corresponde a la cantidad que la empresa debía haber sufragado desde el inicio del actual contrato, que se inició en el 2013, hasta finales del año pasado.
La decisión responde, expuso la edil, al cumplimiento del pliego de condiciones de la actual contrata, que exige que este beneficio para la plantilla y sus más allegados no lo puede sufragar el consistorio, sino la empresa. «Y en el 2018 se incorporará como un ingreso más que se le descontará de las certificaciones», dijo.
El requerimiento, por una cifra de 2.406.602,10 euros, llega con cuatro años de retraso, en un privilegio que venían disfrutando los empleados de la contrata «desde los años 80». De hecho, el anterior Gobierno municipal, del PSOE, ya le reclamó en la legislatura pasada otros 20,9 millones por estos mismos abonos, en aquel momento por el período comprendido entre 1982 y el 2013, por haber sufragado este beneficio durante 31 años. Ahora le corresponde a la empresa responder o acatar la petición.
