La jueza Carmen Blasco Royo, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Zaragoza, ha estimado el recurso que presentó la Agrupación Deportiva de Pesca Zara-Coup en el 2017 en relación con las elecciones a la presidencia de la Federación Aragonesa de Pesca y Casting que se llevaron a cabo en el 2016.

Esta agrupación interpuso la demanda en base a que el censo de electores para las referidas elecciones se acotó a algo menos de 700 federados, siendo que en aquel momento la institución federativa contaba con alrededor de 5.700 fichas. Como se expresa en la sentencia, para acotar el censo se admitió en algunos casos a quien no hubiese participado en competiciones o actividades oficiales, justificándose por no haber jueces ni por ello certificaciones de las mismas.

Pero, sin embargo, no se admitió como votantes a quienes por pertenecer a modalidades en las que no hay competición oficial, basta con tener la edad de 16 años y licencia federativa. Los demandantes entendían que debieron admitirse a todos, dada la inexistencia de competiciones oficiales certificables, o excluir a todos.

En su fallo, la jueza añade que esta situación merece una interpretación amplia. Por lo tanto, sostiene que las elecciones a la presidencia de la Federación Aragonesa de Pesca y Casting no se ajustaron al derecho y que de esta manera deben quedar anuladas y sin efecto, teniendo en cuenta el art. 48.1 de la Ley 39/2015.

La Agrupación Deportiva de Pesca Zara-Coup demandó tanto a la Federación Aragonesa de Pesca y Casting como a la junta de garantías electorales y también al departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.

Fuentes pertenecientes a este último organismo, sobre la citada sentencia, explicaron a este diario que «dado que han transcurrido cuatro años de la celebración de las elecciones a las que hace referencia la sentencia, y teniendo en cuenta que la Federación de Pesca ha celebrado otros comicios con posterioridad a los afectados por el acuerdo judicial, la Dirección General de Deporte actuará conforme dicten los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón».