La asociación de usuarios de bancos, cajas y seguro Adicae prepara la presentación de demandas colectiva en los tribunales, una por cada entidad, para reclamar la devolución de parte de los gastos de constitución de los préstamo hipotecarios, como así obligan varios sentencias recientes. No obstante, antes de acudir a los juzgados, este colectivo tratará de consensuar con los bancos una solución de oficio, por lo que insta a los consumidores a unirse a la reclamación extrajudicial que planteará ante los servicios de atención al cliente de las entidades y el Banco de España.

El presidente de Adicae, Manuel Pardos, llamó ayer a la cautela a la hora de reclamar individualmente en los tribunales por la «confusión» y «falsas expectativas» que por estos casos han generado abogados, «supuestos especialistas» y bufetes «camuflados de asociaciones de consumidores». En una rueda de prensa ofrecida en Zaragoza, consideró «interesante» y esperanzadora la sentencia de Tribunal Supremo de diciembre del 2015 que, a raíz de una demanda de la OCU, anula por abusiva la cláusula que repercute sobre el consumidor todos los gastos de la constitución de un préstamo hipotecario, una condición que podría estar presente en alrededor de ocho millones de operaciones en los últimos 15 años. Esta resolución judicial, agregó, abre la vía para «poner coto a los infinitos abusos de la banca española», pero tiene matices y ofrece dudas en cuanto a su efectividad práctica, por lo que Adicae instó a los posibles afectados a no dejarse llevar «por la euforia».

Efecto «limitado» / Esta asociación considera por tanto que el alcance de la doctrina del Supremo es «limitado» porque no está claro todavía qué conceptos de los mencionados costes hipotecarios se podrán recuperar, ya que existe una controversia jurídica al existir sentencias contradictorias en los tribunales de menor rango. En función del criterio que siga cada juez, Adicae estima que los clientes pueden lograr el reingreso de entre 1.000 o 2.000 euros, es decir, el impacto mínimo sería de 8.000 millones de euros para las principales entidades. El mayor dilema se cierne sobre el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), que supone el grueso de los gastos, ya que hay resoluciones que atribuyen este gasto al consumidor, otras al banco y algunas a ambos en diversas proporciones. Por ello, Adicae propondrá aclararlo mediante una reforma legislativa en materia fiscal.

Al no tratarse por tanto de cuantías muy elevadas, Pardos defendió la utilidad de la acción colectiva a través de las asociaciones de los consumidores para desencallar este tipo de abusos. «Lo de ir de uno en uno es un invento legítimo de los abogados, pero absurdo y costoso para el derecho de los consumidores», aseveró.