La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) hizo ayer una propuesta al consorcio internacional Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que lidera la española Sacyr, para reanudar las obras de ampliación. La propuesta se basa en que ambas partes aporten financiación para continuar los trabajos, que el consorcio suspendió el viernes por falta de acuerdo.

El conflicto tiene su origen en los sobrecostes que, según el GUPC, ascienden a 1.200 millones de euros. La propuesta de la ACP establece las fechas de entrega de las compuertas y finalización de las obras (que no han trascendido), pero "no aumenta el precio contratado ni la aceptación de reclamación alguna", recalcó la autoridad panameña. Adicionalmente, la ACP extendería el plazo de repago de los avances, en la medida que GUPC cumpla con las fechas de entrega exigidas. La comunicación de la ACP no indica cuáles son esas fechas específicas, pero insiste, también sin profundizar en detalles, que es fundamental en la propuesta "el cumplimiento de varios hitos que el contratista debe alcanzar durante lo que resta del contrato".

Esta propuesta es la respuesta de la ACP a la ultima proposición del Consorcio GUPC, que lideran Sacyr y la italiana Impregilo, para llegar a un acuerdo de cofinanciación mientras los trabajos continúan paralizados. En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el regulador español, el consorcio no informa de los detalles de su propuesta, pero avanza que esta recoge las "inquietudes" de la ACP. El administrador del canal, Jorge Luis Quijano, dijo que la ACP mantiene "abierta la posibilidad" de un acuerdo, pero se sigue preparando para tomar las acciones que permite el contrato para reactivar el proyecto.

El GUPC, por su parte, presentó el viernes su proposición para llegar a un acuerdo de cofinanciación. El Programa de Ampliación, que consiste en la construcción de un tercer carril para permitir el paso de barcos con hasta 12.600 contenedores, casi el triple de lo actual, tiene un costo global de 5.250 millones de dólares, de los cuales 3.118 millones corresponde al contrato para la construcción del tercer juego de esclusas. El GUPC aduce que "sobrecostes" que ha cifrado en más de 1.600 millones de dólares, derivados de imprevistos de los que responsabiliza a la ACP, le han dejado sin liquidez para seguir los trabajos de las nuevas esclusas y exige que la Autoridad panameña sufrague las obras al menos en parte.

La ACP tildó los supuestos sobrecostes de "exorbitantes y no sustentados", y llamó al consorcio a que los tramite ante las instancias internacionales de resolución de conflicto previstas en el contrato para que estas decidan sin que mientras haya suspensión de las obras.