El consejero de Economía del Gobierno de Aragón, Eduardo Bandrés, ha mostrado su preocupación por las consecuencias que puede acarrear la nueva regulación de las cuotas participativas de las cajas de ahorros, al considerar que éstas "podrían reducir el componente social de las entidades". Por ello, se ha mostrado confiado en que las cajas aragonesas --que rehusaron posicionarse sobre este asunto-- "no hagan uso de ellas".
La reforma del régimen jurídico de las cuotas, aprobada el pasado viernes en Consejo de Ministros, pretende ofrecer una fuente de captación de recursos propios de primera categoría para estas entidades. Así, en estos momentos, se introduce un nuevo mecanismo al que pueden ir dirigidos los beneficios de las cajas, y que se suma a las reservas de las entidades y a la obra social.
Por ello, Bandrés cree que estas cuotas "entrarán en competencia con la obra social" y, si esto ocurre, "haremos lo posible, de acuerdo con la legislación aragonesa y española, para que este componente social no se vea reducido o congelado".
Por otro lado, el titular de Economía afirmó que "aunque con el nuevo decreto no se puede hablar de privatizaciones de las cajas, las leyes se pueden cambiar", lo que podría abrir la puerta a una, "privatización silenciosa", a tenor de que las cuotas pueden representar hasta el 50% de los recursos de las cajas y de que los cuotapartícipes son considerados propietarios. Al respecto, Bandrés criticó el "abuso" de la legislación que, sobre cajas, está desarrollando el Gobierno por la gran cantidad de cambios que últimamente está introduciendo en el sector. Algo que "no es bueno y hay que frenar".
SIN DERECHOS POLITICOS El vicepresidente primero y ministro de Economía, Rodrigo Rato, reiteró ayer, en su visita a Zaragoza, que la nueva regulación es un paso importante para resolver los problemas financieros de las cajas "sin perder su carácter público", y resaltó que ésta no incorpora "ningún sistema de derechos políticos privados".
