La ley que aprobó ayer el Gobierno para facilitar la refinanciación y reestructuración de los créditos de compañías viables y evitar así su cierre permitirá que la deuda del conjunto de empresas españolas caiga desde el actual 130% del PIB a al menos el 120%, aunque el descenso podría ser "superior", según afirmaron ayer desde el Ministerio de Economía. El PIB cerró el 2013 en 1,329 billones, con lo que la reducción sería de unos 102.000 millones.

Si se confirma, se tratará de un importante balón de oxígeno para el tejido empresarial y de un descenso notable: en el 2010 estaba en el 143% del PIB. El recorte se logrará fundamentalmente mediante las quitas en el montante que las empresas deben a sus acreedores (bancos, sobre todo, pero también fondos de inversión), que la nueva norma quiere incentivar.

La ley pretende también poner coto a los llamados fondos buitre y demás firmas que buscan "sacar un beneficio con un chantaje derivado de un derecho de voto (en la empresa), obligando a los demás acreedores a comprarle ese derecho" y bloqueando cualquier acuerdo de refinanciación hasta lograrlo. "Podrán seguir comprando y vendiendo deuda, pero no hacer un aprovechamiento oportunista", apuntaron las fuentes.

Para lograrlo, el Gobierno ha cambiado la ley concursal para permitir acuerdos individuales entre la empresa y alguno de sus accreedores siempre que mejoren la situación patrimonial de la firma. Además, ha ampliado el ámbito de los acuerdos entre varios acreedores homologados judicialmente y ha reducido el porcentaje de acuerdo necesario para que sean de aplicación a todos los acreedores, aunque no apoyen el pacto (a entre el 51% y el 75%).

Además, se dan facilidades a los bancos para que puedan cobrar la deuda que no canjeen por acciones y el nuevo crédito que presten en caso de que la empresa entre en concurso finalmente.