Aunque el golpe ya está dado, el Gobierno quiere minimizar el impacto sobre la imagen exterior de las empresas españolas que ha supuesto la amenaza del consorcio liderado por Sacyr de suspender el próximo 19 de enero las obras de ampliación del Canal de Panamá. La ministra de Fomento, Ana Pastor, anunció ayer desde el país centroamericano que la constructora ha aceptado reclamar los 1.200 millones adicionales que exige para seguir con los trabajos a través de los cauces previstos en el contrato que suscribió en el 2009, como le exigía la gestora de la infraestructura.
"El compromiso del consorcio es que todas las reclamaciones van ir por la vía dentro del contrato. Hay un modelo arbitral previsto. Ya hay ese primer acuerdo, y también que se van a sentar para hablar y dialogar e intentar resolver todos los problemas", aseguró tras reunirse con el presidente panameño, Ricardo Martinelli. Pastor --que también se reunió por separado con el consorcio (incluido con el presidente de Sacyr, Manuel Manrique) y la gestora del Canal-- dejó claro que el Gobierno no quiere que la constructora dé la espantada y deje sin concluir el trabajo. El Ejecutivo, aseguró, busca "fluidificar" la relación entre las partes porque su objetivo es que "se sienten" para que esta obra "tan importante" continúe "a buen ritmo" y pueda terminarse en el periodo de tiempo "más corto" posible.
NO HABRÁ AYUDAS PÚBLICAS El presidente panameño, que la semana pasada "exigió" al Gobierno español que actuase por su "responsabilidad moral" en el conflicto, agradeció a Pastor su "muy atinada" actuación. "La autoridad del Canal y el consorcio deben resolver sus problemas a través del arbitraje y según el contrato firmado. Estamos seguros de que cualquier conflicto será resuelto según los términos estipulados", señaló. Lo que no se contempla "en ningún caso" es que el Ejecutivo aporte fondos para culminar la obra. "El Gobierno español no es parte.
Las obras del canal parecen estar rodeadas de irregularidades. El Tribunal de Cuentas en su informe del 2009 recoge deficiencias en el aval público de cerca de 160 millones que se concedió a Sacyr para llevar a cabo las obras del Canal de Panamá, según consta en un informe de fiscalización de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) de capital mixto.
El aval facilitado a Sacyr no cumplía plenamente los requisitos fijados en las condiciones generales de Cesce, según el Tribunal de Cuentas. El órgano fiscalizador concluye en un informe, aprobado el año pasado y remitido al Congreso de los Diputados, que debió haberse aprobado una orden ministerial que le diera cobertura legal para separarse de las condiciones habituales. Además, encuentra otras irregularidades, según El Mundo.
SIN COBERTURA LEGAL El consorcio liderado por Sacyr tuvo que aportar una fianza de 50 millones de dólares por presentarse al concurso y luego otras dos fianzas de cumplimiento del contrato de 50 millones y de 400 millones de dólares. Esas cifras están en riesgo tras el preaviso del consorcio de paralizar las obras si no se le reconocen sobrecostes de unos 1.200 millones de euros adicionales a los 2.200 millones del contrato.
Las fianzas fueron avaladas por la aseguradora suiza Zurich --precisó El País-- pero esta, a su vez, puede exigirlas a los organismos oficiales de crédito a la exportación de España (en la parte de Sacyr), Italia (en la de Impregilo) y Bélgica (en la de Jan de Nul).
Zurich pactó que las condiciones de esa especie de reaseguro o contragarantía fueran iguales en los tres casos, lo que llevó a Cesce, que tiene algo más del 50% de capital público, a separarse de las condiciones habituales. Pero el Tribunal de Cuentas considera que no había cobertura legal adecuada para hacer ese tratamiento excepcional.
