El pleno de las Cortes de Aragón aprobó ayer la ley autonómica de fundaciones bancarias que supone una adaptación de la norma aragonesa a la estatal. El principal cambio de su paso por el parlamento fue la introducción de una enmienda, a instancias del PSOE, para "blindar" las competencias de Aragón respecto de la obra social ante la posible "injerencia" que pudiera llegar desde Madrid. El temor radicaba en la probale aprobación de una enmienda que el PP ha presentado en el Senado por la que la única fundación bancaria de Aragón, la de Ibercaja, quedaría bajo el "protectorado" del Ministerio de Economía.
El texto contó con los votos a favor del PP, el PAR y el PSOE mientras que IU votó en contra contra --presentó una enmienda a la totalidad y pidió su devolución-- y CHA se ha abstuvo al considerar que supone el último paso en la "defunción" de la cajas de ahorro en Aragón y el modelo social que representan.
Se trata de tener un instrumento de preparación para una "batalla jurídica", según explicó ayer el portavoz del PSOE, Javier Sada, quien anunció que si se aprueba esa enmienda en la Cámara Alta los socialistas utilizarán todos los medios de defensa jurídica, incluido un recurso de inconstitucionalidad.
La ley, que fue defendida en el pleno el consejero aragonés de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, desarrolla las competencias de Aragón en materia de cajas de ahorros y fundaciones como herederas de la obra social que las cajas venían realizando. La norma reserva a los representantes de la comunidad el 25% de los puestos del patronato, que ocuparán personas que posean conocimientos y experiencia específica en materia financiera. Hasta ahora, ese porcentaje de los representantes de la autonomía era del 40%.
